RAÜL ROMEVA: ¿Quién vigila al vigilante?

Raül Romeva es diputado del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo. Es miembro de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Género y de la subcomisión de Derechos Humanos. Formó parte de la comisión temporal del Parlamento Europeo que investiga los vuelos ilegales de la CIA. Es también consultor de Naciones Unidas en temas de desarme y solución de conflictos. El 8 de enero de 2007 el eurodiputado Romeva publicó en la Agencia PROCESO un artículo en el que cuestionó el desempeño del gobierno mexicano en materia de derechos humanos y la contradicción que existía con el ejercicio de la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en ese momento.

Desde junio pasado, México ostenta la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ello supone para México una mayor responsabilidad a la hora de aparecer como un ejemplo de respeto escrupuloso de los derechos humanos. Hablamos de un organismo que, para poder ser efectivo, necesita dotarse de una gran dosis de credibilidad y autoridad moral.

Así, no deberían formar parte del Consejo, o al menos de su núcleo directivo (y mucho menos ostentar la presidencia) países que no han firmado y ratificado los principales instrumentos de derechos humanos, o que, habiéndolos firmado o ratificado, no los cumplen.

En este sentido, la pregunta que mucha gente puede hacerse sería: ¿Es México el país más indicado para presidir el Consejo? El informe Alerta 2006 que anualmente publica la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona, constata que México es uno de los países donde en 2005 tuvieron lugar graves violaciones de derechos humanos. Ello significa que México deberá hacer muchos esfuerzos por resultar creíble en su nueva labor de garante de los derechos humanos en el mundo.

En Europa no se cuestiona sólo que en México se comentan algunas violaciones a los derechos humanos. Los cuestionamientos europeos tienen que ver con un problema de fondo: el sistema judicial de México no garantiza que las instituciones públicas no estén involucradas, por acción u omisión, en dichas violaciones; y cuando éstas se cometen, no existen las instancias judiciales y policiacas para, previa investigación, sancionar a los responsables.

Si México aspira a que su presidencia en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas no sólo sea creíble, sino también eficaz, el nuevo gobierno de Felipe Calderón deberá aclarar estos cuestionamientos y, en su caso, castigar a los responsables.

Por tal razón, urge, en primer lugar, dar respuesta a las numerosas denuncias de defensores de derechos humanos mexicanos sobre los constantes hostigamientos a los que se ven sometidos por llevar a cabo su labor. El más reciente informe anual del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, El derecho a defender los derechos humanos, contabiliza 65 agresiones directas e indirectas contra esos defensores, sus familias y/o pertenencias.

En relación con el conflicto en Oaxaca, destacó la denuncia del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos y de Amnistía Internacional, acerca de la orden de aprehensión dictada en contra de Yesica Sánchez Maya, presidenta de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH) filial Oaxaca, y Aline Castellanos Jurado, anterior presidenta de la LIMEDDH, actualmente miembro del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad.

Es fundamental, en segundo lugar, que las instituciones garanticen el ejercicio de la libertad de prensa y salvaguarden la vida de los profesionales del sector. En ese sentido, es preocupante el hecho de que nueve periodistas hayan sido asesinados en 2006, lo que deja en más de 20 los periodistas victimados en total impunidad a lo largo del mandato de Vicente Fox y el inicio del de Felipe Calderón.

También es importante que el nuevo gobierno investigue las denuncias contra cuerpos policiacos, a los que se acusa de actuar con brutalidad e, incluso, de practicar la tortura física y/o psicológica. Dejar este tipo de acusaciones sin investigar y sin que exista un claro deslinde de responsabilidades, contribuye a alimentar la mala imagen de la policía mexicana.

Cabe señalar que, entre las denuncias existentes, se encuentran las realizadas por cuatro ciudadanas europeas, quienes alegan haber sido maltratadas durante y después de su detención, ya de por si arbitraria. Se trata de las españolas María Sostres y Cristina Valls (detenidas en Atenco); la alemana Samantha Dietmar (también detenida en Atenco), y la francesa Sarah Ilitch Weldon (detenida en Oaxaca).

México, en tanto que Estado Parte del Pacto Internacional Relativos a los Derechos Civiles y Políticos, debe garantizar que “todo individuo tiene el derecho a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie puede ser objeto de un arresto o detención arbitraria” (artículo 9).

Es necesario, por último, poner especial énfasis en el avance real de las investigaciones en torno de los llamados feminicidios. La gravedad de la situación nos llevó a realizar en el Parlamento Europeo una audiencia sobre feminicidios en abril de 2006, y será a su vez objeto en breve de un informe específico.

Lo más preocupante es que este problema se ve continuamente agravado por las dificultades institucionales para hacerle frente. Los altos niveles de impunidad y de corrupción existentes en el estado de Chihuahua, así como la ineficacia de las instituciones a la hora de investigar dichos casos, son aspectos que deben claramente mejorarse.

México es un actor preferente en nuestras relaciones externas, sobre todo después de la firma del Acuerdo de Asociación México-Unión Europea.

Con base en esta relación privilegiada y debido a la existencia de una cláusula democrática y de derechos humanos en ese acuerdo, desde las instituciones europeas y, en especial, desde el Parlamento Europeo, damos seguimiento a todo lo que acontece en México.

Por ello, nos preocupa la reciente designación de Francisco Ramírez Acuña como secretario de Gobernación, especialmente debido a sus antecedentes como gobernador de Jalisco y, particularmente, por su fama de actuar con mano dura, represora. Hace unos días se presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia en su contra por torturas, ya que se le considera responsable de haber permitido la comisión de prácticas represivas de la policía estatal y municipal de Guadalajara contra manifestantes altermundialistas, el 28 de mayo de 2004.

En este sentido, considero altamente arriesgado nombrar como máximo responsable de la Secretaría de Gobernación a alguien que está pendiente de comparecer ante la Procuraduría, sobre todo porque el mensaje que se está mandando dentro y fuera del país es manifiestamente contradictorio con las constantes declaraciones, según las cuales México cumple y seguirá cumpliendo escrupulosamente con el respeto de los derechos humanos.

Este tipo de gestos cuentan mucho, y más cuando se ostenta la presidencia de un organismo tan importante y necesitado de altas dosis de credibilidad y de autoridad moral como es el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Anuncios
Be the first to start a conversation

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: