RICKARD FALKVINGE: Pirate Bay, “justicia de país bananero”

Rickard Falkvinge

Presionadas por la industria estadunidense del entretenimiento, desde 2006 no ha parado la embestida de las autoridades judiciales suecas contra los cuatro fundadores de Pirate Bay, el sitio de intercambio de música, películas y otros archivos por Internet que frente a tal ofensiva se ha convertido en un ícono de rebeldía. Condenados todos a penas de prisión y multas desproporcionadas, dos de ellos se exiliaron en Asia. Gottfrid Svartholm, quien creó en México el programa base de Pirate Bay, fue capturado por la policía de Camboya en septiembre de 2012 y extraditado a Suecia. Rickard Falkvinge, el fundador del Partido Pirata de Suecia y considerado el gurú del movimiento a favor del libre intercambio de archivos en el ciberespacio, escribió el 6 de enero pasado un artículo en el que denuncia la escandalosa parcialidad con la que se ha conducido el juicio en contra de los operadores de Pirate Bay. Europafocus reproduce el texto íntegro.

Ha fracasado en tantos aspectos el proceso judicial contra los dos operadores de Pirate Bay (Fredrik Neij y Gottfrid Svartholm), su portavoz (Peter Sunde) y una cuarta persona ajena al caso (Carl Lundström), que es difícil observar su enjuiciamiento de manera amplia. Este juicio se caracterizó porque, antes que nada, se decidió que las operaciones de Pirate Bay caían en el terreno de la criminalidad, luego se encontró a alguien a quién castigar y finalmente se intentó determinar un delito del cual deslindar responsabilidades. En cualquier país civilizado donde el sistema judicial funciona de modo correcto se aplica exactamente el orden inverso.

Primero, sabemos que Estados Unidos ordenó el bloqueo y el enjuiciamiento de Pirate Bay. Esto fue confirmado por la Televisión Pública Sueca, mostrando la manera en que el entonces ministro sueco de Justicia, Thomas Bodström, había estado en contacto con el Departamento de Estado estadunidense a través de intermediarios.

Después, en el allanamiento del 31 de mayo de 2006 la policía vació una sala entera de servidores y no sólo confiscó el de Pirate Bay. En un deliberado intento de crear un temor público de asociación, la policía también confiscó como daños colaterales los servidores de 200 pequeños negocios. Los representantes del lobby de los derechos de autor manifestaron: “se debe tener cuidado en dónde instalan sus servidores. Posteriormente, algunos servidores protegidos constitucionalmente fueron devueltos, pero fue necesario que un juez interviniera enérgicamente. Otros servidores, como el que albergaba el foro de discusión de Pirate Bureau (un think tank ligado a la causa de Pirate Bay), permaneció confiscado.

Para aumentar ese miedo de asociación, la policía acosó el sitio de contenido legal de Pirate Bay tomando muestras y registrando por la fuerza su DNA para cualquier y todo uso futuro.

El jefe de las investigaciones policiacas del caso, Jim Keyzer, fue contratado por (el consorcio estadunidense) Warner Brothers, uno de los demandantes, antes de que finalizaran las pesquisas y cuando él aún trabajaba con la policía. Keyzer ya había sido contratado por Warner Brothers cuando condujo las audiencias y dio por concluídas las investigaciones. Este es un clásico soborno, por lo que se pueden encontrar muchos blogs suecos refiriéndose a él como “el policía corrupto Jim Keyzer”. La ministra de Justicia de la época, Beatrice Ask, comentó sobre el escándalo: “Es positivo que nuestros policías sean contratados de fuera. Eso indica que son muy codiciados”.

El presidente del tribunal de distrito, Tomas Norström, se adjudicó el caso a él mismo. Se supone que eso no es posible, pero Norström argumentó que su departamento judicial (el cual está especializado en casos de monopolios  de derecho de autor) debería llevar el caso de Pirate Bay y que él era el único juez disponible ahí. Norström era un miembro inscrito de la Asociación Sueca para los Derechos de Autor, como lo eran todos los demandantes, y también era miembro del Consejo en la Asociación Sueca para la Protección de la Propiedad Intelectual, creando en su figura un interés político y social en el resultado del caso y convirtiéndolo en un juez corrupto.

En la investigación, los dos operadores de Pirate Bay (Neij y Svartholme) fueron indiciados. Por varias razones, su portavoz, Peter Sunde, quien públicamente ha respondido a la industria del copyright, fue también acusado a pesar de no haber hecho nada más que hablar, y un individuo completamente ajeno al caso (Carl Lundström) fue igualmente acusado porque era más o menos rico y había que arruinarlo para que eso sirviera de advertencia a otros, y así crear todavía más terror de asociación. Esta no fue la razón oficial, pero era obvio para todo mundo.

Durante el juicio, la defensa subrayó que no había sido probado que hubiera sido cometido algún crimen para que fueran enjuiciados  los cuatro por complicidad e incitación. La cultura del intercambio de archivos por Internet es totalmente legal en muchos países, pero a la acusación no le había importado demostrar que un acto criminal se había cometido y sólo se limitó a alegar que el intercambio había ocurrido en “alguna parte”,  sin probar que fuera ilegal en esa localidad. Si ese intercambio de archivos hubiera sucedido en España en ese momento, por ejemplo, hubiera sido completamente legal. La acusación admitió el hecho de que no se había probado que algún crimen hubiera sido cometido en el primer sitio. Sin embargo, ese dato sumamente crucial se desvaneció mágicamente del veredicto final, en el que los acusados fueron encontrados culpables de complicidad e incitación de un crimen no probado.

¿Y el vocero Peter Sunde? Fue condenado, en parte, por operar el sitio de Pirate Bay. Los jueces se basaron en un administrador de carga (dispositivo que reparte poco a poco el contenido que se va cargando en una página de Internet que recibe mucha información) que Sunde había colocado en un estante para servidores. Ese aparato no tenía conectado ni un solo cable a los servidores de Pirate Bay y estaba configurado totalmente diferente. La documentación entera de la configuración del dispositivo se perdió en la investigación, que documentó meticulosamente todo lo demás.

Los jueces de la Corte de Apelación rechazaron ordenar un nuevo juicio en el tribunal de distrito que reparara un juicio sesgado. Esos jueces habían sido parte de las mismas organizaciones políticas procopyright a las que pertenecía Tomas Norström, y no vieron ningún sesgo.

Nadie puso atención a los juicios de apelación, ya que sería más relevante que, como se esperaba, el caso llegara a la Corte Suprema.  Ese fue el segundo de una obra dramática de tres actos. Una vez más, en la Corte de Apelación, no uno, sino dos jueces tenían el mismo tipo de relaciones que el juez de distrito Norström con las organizaciones del lobby proderechos de autor. Ellos confirmaron el fallo del tribunal de distrito.

Entonces la Corte Suprema declinó tomar el caso. En ese momento, las cuatro personas condenadas se habían exiliado.

Este es sólo un pequeño fragmento de las cosas que son… remarcables… acerca del juicio contra los dos operadores de Pirate Bay, su jefe de prensa y una cuarta persona que nada tiene que ver.

Suecia tiene un sistema de justicia digno de una república bananera. Cuando el orden establecido es amenazado, o cuando Estados Unidos ordena a Suecia abalanzarse, todos los derechos y el debido proceso se van por la ventana. (Traducción: Marco Appel)

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