Voracidad eólica

Posted on 24 marzo, 2013

0


Voracidad eólicaLa voracidad de las trasnacionales se manifiesta una vez más con el proyecto eólico Bii Nee Stipa II, implantado en Oaxaca por un consorcio energético italiano, pues no conforme con el negocio redondo que le representará la instalación de su planta, solicitó a la Comisión Europea la asignación de 3 millones 300 mil euros para apoyo al proyecto. Estos fondos se destinan a programas sociales y no a proyectos empresariales. En una sesión del Parlamento Europeo efectuada el jueves 21, una representante de las comunidades indígenas de Oaxaca afectadas por la instalación de parques eólicos aseguró que a éstas nadie las consultó.

(Artículo publicado en la edición del 24 de marzo de 2013 de la revista PROCESO)

BRUSELAS.- El proyecto eólico Bii Nee Stipa II, puesto en marcha en el estado de Oaxaca por empresas y organismos financieros internacionales, fue denunciado el jueves 21 ante el Parlamento Europeo por no tomar en cuenta a las comunidades locales y beneficiar únicamente a un grupo de poderosas trasnacionales.

Durante una conferencia pública, ocho plataformas de organizaciones no gubernamentales europeas –como la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo, Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México, Grupo Sur o Red Europea sobre Deuda y Desarrollo– mostraron su inconformidad por la subvención de 3 millones 300 mil euros que la Comisión Europea aprobó para el proyecto a través de su programa Facilidad de Inversión en América Latina (LAIF, por sus siglas en inglés).

Este programa fue creado en 2009 y forma parte del Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD) de la Unión Europea (UE), cuyo objetivo es financiar proyectos de infraestructura en los sectores de transporte, energía, medio ambiente y de ámbito social, así como promover el desarrollo del sector privado –sobre todo las pequeñas y medianas empresas– mediante un mecanismo financiero que mezcla préstamos y subvenciones.

El consultor Camilo Tovar manifestó que el parque eólico Bii Nee Stipa II –que entró en operación el pasado 9 de julio– no debe recibir fondos europeos de cooperación, ya que el objetivo de éstos consiste en colaborar para la erradicación de la pobreza, la promoción de la democracia, del buen gobierno, y el respeto de los derechos humanos y el estado de derecho. “Y lo único que interesa en ese proyecto es la rentabilidad y la tasa de retorno de las inversiones”.

Por su parte, el eurodiputado luxemburgués Charles Goerens, del grupo de la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa, culpó de esa situación tanto a las autoridades de la UE como al gobierno mexicano, que la están fomentando. “Cada parte debe asumir su responsabilidad”, planteó ante una sala abarrotada.

Como otros parques eólicos financiados con inversiones internacionales, Bii Nee Stipa II se ubica en la región del Istmo de Tehuantepec y cuenta con una capacidad instalada total de 74 Megawatts (MW). Cuenta con 37 turbinas instaladas por la empresa española Gamesa Energía, S.A (GESA).

El costo total del proyecto es de 168 millones 500 mil dólares y promete reducir 100 mil toneladas de emisiones de dióxido de carbono (Co2) por año.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) concedió un préstamo de 76 millones de dólares al consorcio que gestiona el proyecto, Stip Nayaa, constituido por la Sociedad Italiana para las Empresas en el Exterior (Simest, por su acrónimo en italiano) y la también italiana Enel Green Power, líder mundial de energía eólica y propiedad de Enel, la segunda mayor compañía de electricidad de Europa.

La primera aportó 5 millones de euros al desarrollo del proyecto y la segunda 85 millones, de acuerdo con la información que entregó el consorcio a LAIF en una solicitud de apoyo económico, cuya copia obtuvo este semanario.

En el documento las empresas admiten que ese subsidio sólo representa 2.9% del costo total del proyecto, por lo que “no es crucial para la operación de rentabilidad”. Aseguran que el dinero lo utilizarían para solventar 41% del costo de la única obra pública del proyecto: el montaje de la línea de transmisión que conecta el parque eólico con la red de la Comisión Federal de Electricidad.

Negociazo

En el mismo documento –fechado el 23 de febrero de 2012– se indica que la energía que produzca el parque se venderá a “tarifas competitivas” de mercado y la consumirán casi en su totalidad las trasnacionales Nestlé y Femsa, que poseen una pequeña participación en el consorcio.

Se calcula que podría producirse un excedente energético de 22%, que sería distribuido a otros socios inversionistas y, sólo en caso de que eso no ocurriera, se vendería a la Comisión Federal de Electricidad a 85% de su costo en el corto plazo.

En sus proyecciones, el consorcio “espera que la tarifa eléctrica siga creciendo en el futuro”, posiblemente a un ritmo mayor de 10% anual. En el mismo documento, las compañías describen el gran atractivo que ofrece esa zona del territorio mexicano para hacer negocios.

Exponen: “Los recursos eólicos de Oaxaca son de los mejores del mundo, ya que su topografía crea un túnel natural de viento para las corrientes que fluyen entre el Golfo de México y el océano Pacífico”. El resultado de estas “excelen-

tes condiciones de viento es que el desarrollo de proyectos eólicos en la región sea atractivo”.

Resaltan que “Oaxaca presenta oportunidades para los proyectos eólicos ‘listos para su construcción’, debido a que en el país existe un potencial de nueva capacidad de transmisión en energías renovables de más de mil MW para 2012 y 2013”.

Las expectativas de negocios son enormes para las trasnacionales del sector. El gobierno mexicano –se subraya en el documento– estima que el potencial de energía eólica nacional es de casi 71 Gigawatts (GW), suficiente para cubrir las necesidades de 64% de la población. El 10% de ese potencial está en la zona del Istmo de Tehuantepec y podría elevarse a 40%.

El documento asegura que las autoridades mexicanas pretendían alcanzar en 2012 una generación de energía eólica de 2.5 GW, objetivo viable dado que México otorgó permisos de construcción a empresas privadas que generarían hasta 3 GW de ese tipo de electricidad.

El otorgamiento de la subvención fue aprobado “provisionalmente” el 26 de octubre de 2011 por el Grupo de Instituciones Financieras (GIF) del LAIF, un organismo consultivo integrado por los bancos de desarrollo asociados al programa. Éste se encarga de analizar las propuestas de proyectos y de asesorar al Consejo Operativo, que decide sobre su financiamiento.

No obstante, la Comisión Europea aún no firma el documento para liberar la subvención.

El GIF examinó el proyecto Bii Nee Stipa II y presentó a LAIF un “consejo técnico”, que incluye en anexo la solicitud de subvención del grupo inversionista.

Ahí, el GIF considera que el proyecto “podría ser una referencia de cómo LAIF puede contribuir a una iniciativa pública y privada en el sector energético”. Para reforzar ese criterio revela que representantes de la Delegación de la UE en México visitaron la región del proyecto, para evaluar su impacto en la población indígena.

Sostiene que los diplomáticos de la UE se llevaron una buena impresión, pues constataron que la compañía ofrecía salvaguardas en materia de transparencia y coordinación con la Secretaría de Economía y la de Asuntos Indígenas del gobierno de Oaxaca.

“Donaciones”

Bettina Cruz, integrante de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, denunció en la conferencia del jueves 21 en el Parlamento Europeo que a las comunidades afectadas por la instalación de parques eólicos no se les invitó a un proceso de “consulta previa, libre e informada” por parte de las empresas o de la autoridad.

Luego del evento, Cruz recalcó a este corresponsal que los empleos que ha creado el parque eólico (200 según los inversionistas) son precarios y temporales, y que los terrenos donde se asentó el proyecto son comunales y no propiedad privada, como aseguran los inversionistas italianos.

“Así las declaró una resolución gubernamental de 1964. Son 68 mil hectáreas que abarcan Juchitán, El Espinal, Unión Hidalgo, Santa María Xadani y Chicapa de Castro. El proyecto se localiza en terrenos de Juchitán y Espinal”, dice Cruz, sobre quien pesan amenazas de muerte por su activismo.

Durante su intervención en el Parlamento Europeo la representante de las comunidades indígenas de Oaxaca señaló que otros líderes opositores a los negocios de las trasnacionales en la región también fueron amenazados o víctimas de persecución por parte de las autoridades locales.

Por su parte, en el documento que las empresas entregaron a la Comisión Europea éstas niegan todas las acusaciones.

El consorcio declara que llevó a cabo un “mapeo social” con la finalidad de realizar proyectos de beneficio comunitario, pero también “para identificar los diferentes grupos de interés presentes en el área del proyecto y sus alrededores”. Se indica que ese “mapeo social” serviría de base al plan de comunicaciones de la empresa, con el objetivo de involucrar a la población local “una vez que el proyecto inicie sus operaciones”.

Así, la empresa afirma que logró acuerdos con las comunidades de La Mata e Ixtaltepec para construir la línea de transmisión que va del parque eólico a la subestación eléctrica ubicada en Ixtepec Potencia, y que una de sus promesas fue mejorar la infraestructura en la zona.

El documento consigna que entregó “apoyos” a varias comunidades, los cuales, argumenta, fueron diseñados por Enel Green Power para cumplir con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que confiere a los pueblos indígenas el derecho a ser consultados.

Un contratista, comenta el escrito, acordó con las autoridades municipales de El Espinal que los recursos pagados por la licencia de construcción del parque eólico se utilizarán para renovar la plaza central del pueblo, lo cual tendrá un costo de 370 mil dólares. Además, el consorcio aportaría dinero para la construcción de un estadio de futbol con valor de 800 mil pesos.

Se menciona que las empresas cerraron otro trato con el mismo municipio para sostener financieramente al grupo de baile indígena que representa cada año a la localidad en el festival cultural de la Guelaguetza.

A cambio de favorecer el proyecto europeo, en el documento se reconoce que se otorgó a la comunidad ejidal La Mata una “donación” de 380 mil pesos que sería utilizada en la pavimentación de algunas calles, y que otra con la comunidad Ixtaltepec, por un monto de 300 mil pesos, estaba siendo “negociada” para que se permitiera construir una línea de transmisión.

Varios asistentes sociales fueron contratados por Enel Green Power en Juchitán con la misión de “garantizar el contacto directo” con las poblaciones locales, así como un miembro de la comunidad zapoteca que debía “asegurar una comunicación fluida” con la misma.

La trasnacional italiana asegura a las autoridades europeas que cuenta con un “plan de socialización”, que incluye establecer contacto con las organizaciones no gubernamentales y las autoridades que trabajan en el área del proyecto.

Más aún, informa que un programa sobre ciencia y tecnología elaborado por la empresa, conocido como Play Energy, está siendo impartido en las escuelas de Juchitán, el cual está dirigido “especialmente” a niños y adolescentes.

Anuncios