RECIÉN PUBLICADO: “Preocupante” situación de los derechos laborales en México

Posted on 9 marzo, 2013

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Sharan Burrow, secretaria general de la CSIBRUSELAS (apro).- La reciente detención de Elba Esther Gordillo, expresidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por desvío de recursos y crimen organizado, no modifica la lamentable situación del sindicalismo mexicano.

Frente a las graves violaciones a los derechos laborales de los trabajadores mexicanos y el incumplimiento de las obligaciones internacionales del país en la materia, la Confederación Sindical Internacional (CSI) decidió lanzar una campaña global de presión sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto.

(Artículo publicado el 8 de marzo de 2013 en la sección Prisma Internacional de la Agencia PROCESO)

Realizada del 18 al 24 de febrero, tal campaña –titulada “Días de acción México”–, manifestó cuatro reivindicaciones. La primera: justicia a las familias de los 65 mineros muertos en Pasta de Conchos el 18 de febrero de 2006. Segunda: terminar con el uso de los contratos de protección patronal (contratos falsos que niegan a los trabajadores el derecho a la representación democrática). Tercera: revertir la nueva Ley Federal del Trabajo (LFT) promulgada el 1 de diciembre de 2012, pues fomenta el despido de activistas sindicales, aumenta la subcontratación y conduce a la expansión masiva del empleo precario. Y cuarta: readmitir a los activistas sindicales despedidos ilegalmente (Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), PKC, Vidriera de Potosí/Grupo Modelo, Honda, Calzado Sandak/Bata) y permitir la celebración de elecciones sindicales libres y justas (PKC, Excellón, Atento, Honda).

Una fuente de la CSI consultada por Apro –quien pidió no ser citada debido a las normas internas de comunicación– remarcó que el gobierno mexicano incumple con sus obligaciones internacionales al violar el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre libertad sindical y protección del derecho a la sindicación, además de que México es uno de los pocos países del mundo que no ha ratificado el Convenio 98 de la referida organización, relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva.

Fundada en 2006, la CSI se presenta como la principal organización sindical internacional y asegura representar a 175 millones de trabajadores en 156 países.

Como parte de la campaña sobre México, la CSI, cuya sede se localiza en esta capital europea, dirigió al presidente Peña Nieto una carta en la que expresa su “profunda preocupación” por las “graves violaciones” de los derechos laborales de los trabajadores mexicanos.

La misiva fue entregada por una delegación de siete integrantes de la CSI al jefe de cancillería de la embajada mexicana ante la Unión Europea (UE), Hermann Aschentrupp, en una reunión de una hora de duración que sostuvieron el 25 de febrero.

En esa comunicación –en poder de Apro–, la CSI hace un llamado al presidente mexicano para que restablezca el diálogo con el SME y modifique la nueva LFT que, a su juicio, permite que continúen los abusos contra la clase trabajadora, como sería el caso de los llamados contratos de protección.

“En nombre de la Confederación Sindical Internacional me dirijo a usted para expresarle nuestra profunda preocupación por las graves violaciones de los derechos laborales fundamentales que se están produciendo sistemáticamente en México”, señala la misiva que firma la secretaria general del organismo mundial, la australiana Sharan Burrow.

Burrow expone que la anterior administración de Felipe Calderón heredó “graves conflictos laborales” cuya solución aún está pendiente. Agrega que el más reciente de ellos “es la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de avalar los despidos ilícitos de 16 mil 599 trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas”, por lo que la CSI hace un llamado a Peña Nieto “para que rectifique esta injusticia reintegrando a los trabajadores a su puesto de trabajo”.

La carta también solicita al gobierno peñista que detenga “la persecución” en contra del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) y del Sindicato de Mexicana de Aviación.

El documento, además, llama la atención sobre la “proliferación de los contratos de protección negociados entre sindicatos no democráticos y empleadores, con la finalidad de reducir los salarios y evitar la representación sindical independiente”. Advierte que, una vez que se registra uno de estos contratos, “es extremadamente difícil” formar un sindicato independiente y firmar un convenio colectivo legítimo.

Al respecto, la organización IndustriALL elaboró un reporte que aborda la lamentable situación en que se trabaja en México, el cual sirvió de sustento informativo a la campaña. IndustriALL reúne varias centrales sindicales de todo el mundo que agrupan 50 millones de trabajadores del sector minero, industrial y energético en 140 países. Sus oficinas centrales se ubican en Ginebra, Suiza.

En ese reporte se asienta que “más de 90%” de los acuerdos sindicales registrados en México son contratos de protección. Se subraya que el uso generalizado de tales contratos y la violación de los derechos sindicales básicos en México fueron planteados por IndustriALL que, en 2009, interpuso una queja, registrada con el número 2694, ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

A raíz de esa demanda, en junio de 2012 la OIT pidió al gobierno de Felipe Calderón que investigara e informara al comité acerca de varios aspectos: “La cuestión relativa a las cláusulas sindicales de exclusión, declaradas inconstitucionales y que pueden conducir a ciertas situaciones contempladas en la queja; las cuestiones relativas a la representatividad mínima de las organizaciones sindicales para negociar colectivamente, y la alegada falta de imparcialidad de las juntas de Conciliación y Arbitraje, así como la alegada excesiva duración de sus procedimientos”.

El comité de la OIT publicó entonces sus recomendaciones al gobierno calderonista, entre ellas que pusiera en marcha un diálogo con las organizaciones sindicales y patronales más representativas del país y con las seis organizaciones querellantes o que apoyaron la queja de IndustriALL.

El comité advirtió a las autoridades mexicanas: “Esperamos firmemente poder constatar en un futuro próximo la adopción de medidas legislativas y de otro orden para reforzar la protección contra las prácticas antisindicales y contrarias a la negociación colectiva”.

En su actual campaña, el CSI reclama que, “en lugar de seguir las recomendaciones de la OIT para iniciar el diálogo social, el gobierno mexicano ha intensificado su represión de los sindicatos independientes y de la libertad sindical”.

La CSI denuncia que este “sistema corrupto funciona, a escala nacional, únicamente porque la Secretaría del Trabajo y Previsión Social lo permite”. En ese sentido, recuerdan a Peña Nieto que el Comité de Libertad Sindical de la OIT “ha pedido a las autoridades mexicanas que entablen un diálogo con los sindicatos nacionales e internacionales para poner fin a esta práctica”.

La CSI también le solicita al presidente que inicie consultas con los sindicatos mexicanos para poder formular una nueva Ley Federal del Trabajo que cumpla efectivamente con las normas internacionales en la materia y que prohíba la negociación de contratos de protección.

“Estamos profundamente preocupados por las recientes modificaciones a la Ley Federal del Trabajo. No solamente las enmiendas propuestas no tienen en cuenta las preocupaciones que desde hace mucho tiempo ha expresado el movimiento sindical y la OIT, sino que introducen varias disposiciones perjudiciales, tales como permitir a los empleadores establecer los salarios sin consultar a los sindicatos, e incluso facilitar la creación de sindicatos que estén a favor de los contratos de protección”, acusa Burrow.

El organismo sindical observa que la ley laboral mexicana que entró en vigor el 1 de diciembre “no aborda el problema de los contratos de protección”.

Peor aún, precisa la CSI, “las nuevas leyes exigen que los sindicatos hagan públicos los nombres de todos sus miembros al registrarse ante las autoridades laborales”. Y ello, concluye, termina exponiendo a esos trabajadores al despido y represalias, y bloqueando la formación de sindicatos democráticos e independientes.

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