RECIÉN PUBLICADO: Portugal: La crisis económica socava los derechos humanos

Posted on 14 julio, 2012

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BRUSELAS (apro).- Las medidas de austeridad que, entre otros países europeos, implementó el gobierno de Portugal para tratar de contener la crisis financiera han afectado sobre todo los derechos humanos, económicos y sociales de la población infantil y la de edad más avanzada, asegura el Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa (CoE, por sus siglas en inglés), Nils Muiznieks, en un reporte publicado el pasado 12 de julio.

(Artículo publicado el 13 de julio de 2012 en la sección Prisma Internacional de la Agencia PROCESO)

El comisario Muiznieks –quien ocupa el cargo desde enero pasado– visitó Portugal del 7 al 9 de mayo. Él y los expertos de su equipo se reunieron con autoridades nacionales, organizaciones de la sociedad civil y sindicatos. Su misión: analizar el impacto de la crisis financiera y las medidas de austeridad sobre el goce de los derechos humanos, y en especial de los derechos sociales y económicos entre las poblaciones más vulnerables: los niños, los más viejos y los gitanos; así como para conocer el trabajo de los organismos locales dedicados a la promoción y protección de los derechos humanos.

Muiznieks ha expresado en varias ocasiones su inquietud frente a las consecuencias sociales y el incumplimiento de los derechos civiles y económicos que derivan de los severos programas de austeridad que han implementado varios gobiernos europeos.

El pasado 22 de mayo la Asamblea Parlamentaria del CoE manifestó en un reporte sus “serias preocupaciones” por el impacto que tendría la crisis financiera en los niveles de vida de los ciudadanos europeos y sus derechos sociales fundamentales, los cuales podrían ser duramente socavados, especialmente aquellos que tienen que ver con la protección contra la pobreza y la exclusión social, consagrados en el artículo 30 de la Carta Social Europea.

En ese contexto sociopolítico, los sectores más frágiles de la sociedad –la población infantil, el segmento de jubilados y la minoría gitana–, son “los más afectados, de manera desproporcionada, por las restricciones presupuestales”, afirma el comisario Muiznieks.

El diagnóstico global que ofrece el reporte sobre Portugal es alarmante. Señala que la situación económica del país se ha deteriorado rápidamente en los últimos dos años: la tasa de desempleo era de 15.2% en abril, mientras que entre los jóvenes ese porcentaje alcanzaba 36.2%, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas.

Las desigualdades aumentaron tras la adopción, en marzo de 2011, de una serie de medidas draconianas de austeridad, que forma parte de un plan elaborado luego de que Portugal recibió un préstamo internacional de 78 mil millones de euros. Un estudio de la Comisión Europea, publicado en noviembre de 2011 y titulado El efecto de las medidas de austeridad en la distribución de la riqueza, concluye que esas disposiciones ya tuvieron “un efecto negativo desproporcionado” sobre el 10% de la población más pobre del país. Niñez empobrecida

El reporte, de 18 páginas, expone que la pobreza infantil tiene un efecto devastador a largo plazo porque es una de las causas de la pobreza y la exclusión social en la edad adulta. Además, conlleva el quebranto de derechos humanos contenidos en la Convención de la ONU sobre los Derechos de los Niños, tales como el derecho a un nivel de vida adecuado, a la educación y al disfrute a los mejores posibles servicios de salud.

A principios de 2010, al menos 23% de los niños portugueses corrían el riesgo de caer en la pobreza. Según un estudio de UNICEF, publicado en marzo pasado, Portugal es uno de los países cuya niñez sufre las mayores carencias de Europa. A pesar de que durante una década esos niveles de riesgo decrecieron, a partir de 2007 éstos comenzaron a elevarse de nuevo y, según estadísticas oficiales, la posibilidad de empobrecimiento es mayor entre las familias con niños que el promedio de la población portuguesa, que es de 20.6%.

El informe subraya que el gobierno portugués ha implementado dos recortes importantes en los programas enfocados a la atención de la niñez, uno en noviembre de 2010 y otro en enero pasado. Por otro lado, entre diciembre de 2011 y enero de 2012, las familias de 67 mil niños perdieron el acceso a los beneficios de dichos programas. En total, remarca el reporte, el Estado redujo 30% de sus gastos de apoyo a familias con hijos pequeños entre 2010 y 2011.

El comisario asegura en su informe: “Los paquetes de austeridad en Portugal en 2010 y 2011 han incrementado significativamente el riesgo de que los niños queden expuestos a la pobreza, aunque el impacto real no ha sido todavía medido totalmente. La combinación de un creciente desempleo y de recortes a los salarios, la subida de los impuestos y la reducción en los beneficios sociales y de desempleo han dado como resultado que muchas familias portuguesas dispongan de menores ingresos y estén sujetos a la pobreza”.

Muiznieks refiere que la línea telefónica de la organización no gubernamental Apoyo para la Niñez, la cual funciona 24 horas al día, reportó en 2011 un incremento en el número de llamadas relacionadas con la pobreza de ese segmento poblacional, que, además representa una tercera parte de las personas que acuden a los comedores sociales. De acuerdo con una nota del Jornal de Notícias, del 7 de junio de 2010, unos 95 mil niños al día asisten a tales comedores por falta de alimentos en casa.

El sistema educativo ha sido también fuertemente afectado. En 2010 el gasto educativo alcanzó 5% del Producto Interno Bruto (PIB); en 2011 se estima que éste decreció a 4.7%, y en 2012 el presupuesto bajará a 3.8% del PIB, de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

En abril último, el gobierno anunció que el número de estudiantes por clase aumentaría de 28 a 30; y se introdujeron limitaciones a las deducciones familiares de impuestos por gastos de educación.

Los recortes a los beneficios infantiles tuvieron particularmente un impacto negativo sobre la educación, ya que, menciona el reporte, muchos padres han indicado públicamente que esos subsidios los usaban para comprar libros escolares o pagar los costos de alimentación y transporte a la escuela.

El comisario alerta sobre el hecho de que los recortes presupuestarios a la educación pueden tener un efecto multiplicador si se toma en cuenta que el sistema educativo portugués se ha caracterizado por años por una alta tasa de estudiantes que abandonan la escuela a temprana edad y sin habilidades suficientes, lo cual, advierte, puede empujar el resurgimiento del trabajo infantil.

“Expertos, ONG y sindicatos –narra el documento– han expresado su preocupación de que la crisis, el desempleo y la caída de los ingresos familiares por las medidas de austeridad han provocado que las familias recurran nuevamente al trabajo infantil, notablemente en la agricultura y el sector informal”.

El comisario agrega que, durante su visita al país, fue informado que desde el principio de la crisis ha habido casos de niños portugueses que migran con propósitos de trabajo a otros países de la UE. Vida digna

El reporte de Muiznieks apunta que, en 2010, el 18% de la población portuguesa tenía más de 65 años de edad, y que este porcentaje va en rápido crecimiento, ya que en 2003 representaba 16.7%. Un 21% de ese segmento bordea la pobreza.

Un dato llama mucho la atención: en marzo de este año, las estadísticas oficiales revelaron que la tasa de mortalidad entre esta población había crecido desproporcionadamente durante el invierno 2011-2012, en comparación con años previos. El incremento respeto al invierno anterior fue de 10%.

“Los profesionales de la salud –se explica– declaran que este índice de mortalidad no puede ser explicado solamente en factores estacionales. Ellos consideran que las medidas de austeridad han tenido un impacto en la situación de los adultos de edad avanzada, especialmente entre aquellos que viven con pequeñas pensiones.” Las más bajas oscilan entre 189 y 245 euros por mes.

Las pensiones fueron congeladas en 2010 y 2011, como parte del primer paquete de medidas fiscales. De acuerdo con la información de que dispuso el comisario, el acceso a la atención médica se ha vuelto más difícil porque han subido las cuotas de los hospitales –que pagan parcialmente los pacientes–, el precio de las medicinas y el costo del transporte público. Los honorarios de una consulta en las urgencias de cualquier hospital se elevaron sustancialmente en enero pasado de 9 a 20 euros.

Al mismo tiempo, continúa el informe del CoE, han decrecido los subsidios estatales para que las personas enfermas cuenten con transporte gratuito y se aplican requisitos más estrictos para tener acceso a éste, por lo que muchos ancianos que viven a áreas rurales aisladas han quedado privados del acceso a atención médica.

Peor aún, los precios del gas y la electricidad han aumentado enormemente durante 2012. El impuesto al valor agregado de esos servicios subió en 2011 de 6 a 23%. Como consecuencia, muchas personas que sobreviven con pensiones muy modestas no pueden pagar la calefacción de sus casas, y el incremento de los alimentos ha afectado también la dieta de la población de mayor edad.

Así, Muiznieks se muestra preocupado por el recorte de 4 millones de euros al presupuesto destinado en 2012 para la compra de material técnico para personas discapacitadas, lo que es 30% menos que en montos anteriores.

El reporte refiere un programa de emergencia social que en 2011 se ocupó de suavizar los impactos de las medidas de austeridad sobre la población de edad más avanzada. Este programa prevé la creación de centros de ayuda nocturnos, de una línea telefónica de apoyo las 24 horas del día (llamada Línea Solidaridad) y de un servicio para ubicar a aquellos que viven en áreas aisladas

La intención es que las personas de mayor edad con ingresos bajos tengan prioridad para recibir alimentos y acceso a apoyos sociales para gas y electricidad, así como para transporte público. En 2012 el gobierno portugués terminó con el congelamiento de las pensiones más bajas que habían estado en vigor desde 2010.

Sin embargo, el comisario Muiznieks opina que esas medidas no son suficientes por sí mismas para responder de una manera integral a las crecientes dificultades que enfrentan muchas personas mayores.

Muiznieks destaca en su informe que “en una sociedad basada en el respeto de los derechos humanos, las personas mayores deben ser provistas por las autoridades, de manera sistemática, de oportunidades que les permitan llevar una vida decente y jugar un papel activo en la sociedad, así como protegerlos debidamente, como lo consagra el artículo 23 de la Carta Social Europea, la cual Portugal está obligada a cumplir”.

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