Asbesto mortal

Posted on 16 abril, 2012

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Según la Organización Internacional del Trabajo, la exposición al asbesto mata cada año a 100 mil personas en el mundo; debido a ello, está prohibido en Europa y algunos países de Sudamérica. Pero el gobierno panista de México soslaya los letales efectos de ese material y colabora con Canadá para evitar las restricciones internacionales a su comercio. Así, desde 1994 se ha triplicado el número de productos de asbesto en el país y la Canacintra cuenta por miles los obreros que trabajan en plantas transformadoras del mineral.

(Artículo publicado en la edición del 27 de Marzo de 2005 de la revista PROCESO. Dedicado a la memoria de Remi Brunet)

BRUSELAS.- La Unión Europea (UE) decidió prohibir desde el primer día de 2005 el uso del asbesto por considerarlo causante de diversos y graves daños a la salud; en México el gobierno de Vicente Fox no sólo tolera su consumo, sino que además se alió a Canadá para promoverlo a escala internacional.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que el asbesto mata cada año en el mundo a 100 mil trabajadores a través de padecimientos incurables, como la asbestosis, el cáncer de pulmón o mesiotelomas causados por la inhalación de las micrométricas e indestructibles fibrillas que componen el material, también conocido como crisótilo.

A diferencia de Europa, donde se sabe a ciencia cierta que la cifra de fallecimientos por ese motivo se elevará a medio millón en las siguientes tres décadas, en México no hay estudios que tracen un horizonte estadístico al respecto.

De acuerdo con la investigación de la doctora mexicana Guadalupe Aguilar Madrid –publicada en el estadunidense International Journal of Occupational and Environmental Health–, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró 793 casos de mesiotelomas de pleura en un período de 20 años (1979-2000).  Ninguno fue reconocido como enfermedad ocupacional y, por lo tanto, no existe la menor posibilidad de una indemnización para las personas que la padecieron.

La misma fuente detalla que los afectados eran obreros con una educación máxima de cuarto año  de primaria, a quienes se les diagnosticó el mal pasados los 60 años de edad. Una tercera parte de ellos residía en el contaminado Valle de México, donde funcionan unas 30 empresas transformadoras de asbesto.

No se ha determinado clínicamente lo que desató esa enfermedad en esos casos; sin embargo, la Asociación Internacional de la Seguridad Social –organismo que integra a los servicios de salud del mundo– alertó en septiembre pasado en Pekín que países como México, donde el asbesto circula libremente, “serán víctimas de los efectos sanitarios y políticos de una auténtica bomba de tiempo”.

Salud y negocio

Francia defendió la política del “uso controlado” del asbesto hasta que fuertes presiones de la opinión pública hicieron insostenible esa posición. A pesar de que en 1997 adoptó la prohibición, el asbesto actualmente cobra la vida de 3 mil franceses cada año y se da por hecho que de aquí a 2030 morirán 100 mil personas que antes estuvieron expuestas al material (mecánicos, armadores de barcos o albañiles, entre ellos). Desde 2001, un fondo especial de compensación ha repartido 350 millones de dólares a los familiares de 6 mil 240 víctimas.

En el caso de México, la dimensión del problema todavía es un misterio, pero su gravedad es segura: desde 1992 se triplicó el número de productos hechos con crisótilo en el país y tan sólo en la Ciudad de México hay 12 mil obreros que trabajan en plantas de asbesto. Aguilar Madrid cuenta que en los últimos cuatro meses de 2004 detectó en el Centro Médico Siglo XXI, donde labora, 35 enfermos de mesioteloma, enfermedad cuyo origen está rastreando.

La investigadora ha llegado a la conclusión de que “dadas las muchas limitaciones que hay en México para controlar la exposición del trabajo con riesgo, la prohibición del asbesto es invocada como la manera más viable de limitar una epidemia ligada a éste”.

¿Por qué ante tan claros indicios de que el material es dañino las autoridades foxistas siguen pensando que sus efectos pueden ser controlados? La respuesta se encuentra en Canadá, que después de Rusia es el mayor productor de asbesto.

Ese apacible país norteamericano es el más agresivo en propagar la política del “uso controlado” del asbesto, que de sus minas surte casi en su totalidad a los países del Tercer Mundo, cuyas normas sanitarias suelen ser poco estrictas.

El International Ban Asbestos Secretariat (IBAS) lucha por la prohibición del asbesto y por la justa indemnización a sus víctimas. Laurie Kazan-Allen, quien lo fundó hace seis años en Gran Bretaña, explica que el Instituto Mexicano de Fibro Industria (IMFI), que es la cámara de compañías importadoras y procesadoras del material, se ha destacado por sus estrechos vínculos con el Instituto del Crisótilo (IC), una poderosa agencia de cabildeo al servicio de las autoridades y exportadores canadienses que la financian.

A través del IMFI, los hombres del lobby iniciado en 1984 para neutralizar a quienes pugnan por la prohibición, han desplegado propaganda que niega sus efectos cancerígenos y mantienen un amigable canal de información con altos funcionarios encargados de velar por la salud de los mexicanos.

En el nivel comercial, el acercamiento coincide con una fuerte alza en las importaciones mexicanas del mineral extraído de las minas de Quebes; puesto que actualmente Canadá provee dos terceras partes del mercado mexicano, cuando una década antes apenas llegaba a 30%.

Ese intercambio genera ganancias por una decena de millones de dólares anuales para Canadá, pero también es un buen negocio para cientos de empresas en México que transforman ese polvo de asbesto y lo exportan a Estados Unidos o Centroamérica, principalmente a El Salvador, en forma de múltiples productos de uso cotidiano, como fibrocemento, frenos para automóviles y partes de electrodomésticos.

El personaje más visible del tejido de relaciones es Luis Cejudo, el presidente en funciones del IMFI, cuyo activismo al impulso del asbesto en México y el continente terminó por atraer el escrutinio internacional.

Kazan-Allen cuenta una anécdota:

Cuando el presidente Ricardo Lagos anunció que Chile renunciaba al comercio de asbesto, la administración del entonces primer ministro canadiense Jean Chrétien reaccionó con una campaña de cabildeo en altos niveles para intentar revertir la decisión. Los funcionarios canadienses quisieron incorporar a las pláticas con los chilenos a un orador mexicano, cuya misión era la de convencerlos de dar marcha atrás. Su participación, finalmente, fue rechazada por considerarla una intrusión en un diálogo bilateral.

El nombre de ese orador voluntario permanece formalmente en el anonimato, pero una comunicación oficial entre Cejudo y el director del Instituto del Crisótilo, Denis Hamel –la cual obtuvo Proceso y se transcribe literalmente–, lo identifica como empleado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS):

“Le informe de la reunion que se llevara a cabo en Santiago de Chile los días 11 al 13 de junio, y me indico su disponibilidad para asistir” (sic), asegura Cejudo en la misiva, y precisa en el último párrafo que dicho funcionario “tiene muchos años trabajando en la STPS y en Seguro Social, y desde luego conoce la situación del asbesto y yo puedo ayudarle ha (sic) hacer su presentación”.

Las cartas

Con base en el Acta de Acceso a la Información, el investigador Ken Rubin logró que el gobierno canadiense hiciera públicos documentos que muestran la estrecha vigilancia de la diplomacia canadiense sobre las instituciones mexicanas en relación con el asbesto. De esa información se desprende que Cejudo es un asiduo informante de los canadienses.

Fechados entre 2001 y 2002, tales documentos preceden a los fallos en contra del gobierno canadiense en el seno de la Organización Mundial de Comercio (OMC), donde había denunciado como un obstáculo ilegal a la libertad de comercio la decisión de Francia –hasta entonces su mejor aliado y cliente europeo– de prohibir el asbesto en 1997.

El nerviosismo de los canadienses aumentó cuando Chile decretó la prohibición en julio de 2001, decisión que después compartirían Argentina, Uruguay y Honduras.

En ese contexto, una de las cartas (fechada el 2 de mayo de 2001 y con número de folio A0000829_2-000000) constata un encuentro entre Tom Oommen, un alto funcionario del Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Canadá, con miembros del Instituto del Crisótilo (IC).

Según el informante, se le pidió a Oommen “mayor apoyo en una posible campaña mexicana de cabildeo”, cuyas líneas de actuación serían “decididas por el gobierno de Canadá, siguiendo reuniones en México, en Chile y en Brasil”, tomando en cuenta que éste último es también aliado de Ottawa.

En dicha carta se dice que el IC enfatizó “la importancia para Canadá del mercado mexicano”, donde, “sugirió, no había amenaza inmediata al uso controlado del crisótilo”. No obstante, los cabilderos extranjeros admitían la existencia de “posibles amenazas en el mediano plazo”, por lo que advirtieron que se requería de “un trabajo preventivo en el Distrito Federal”.

Después hay un interesante análisis que comienza por aclarar que “actualmente no existe el riesgo de crear un debate público en México” sobre el tema, y entonces el IC enlista los siguientes “factores de preocupación”.

–“México es el próximo objetivo obvio en América Latina, tras la prohibición que supuestamente será aplicada en Chile el mes entrante (lo cual finalmente ocurrió) y de las consultas en Brasil con respecto a una posible prohibición progresiva en siete años…”

–“Los esfuerzos propagandísticos de los productores/manufactureros mexicanos envueltos en los sustitutos del asbesto, en particular aquellos de países de la Unión Europea (que los fabrican), para tratar de convencer que sus productos son más seguros que los de asbesto.”

–“Los intentos de algunos donadores para prohibir los productos de asbesto en proyectos financiados por el Banco Mundial en México y otras partes.”

–Y lo que consideran “algo de actividad menor de ciertas organizaciones no gubernamentales” antiasbestos y en defensa del medio ambiente.

En otra comunicación (del 19 de abril de 2002), el consejero en jefe en materia de políticas minerales del gobierno canadiense, Luois Perron, le advierte a Tom Oommen que es responsabilidad de los empresarios contener cualquier medida restrictiva al comercio del asbesto, para lo cual deben convencer a los gobiernos locales de los beneficios de mantener su uso.

En una comunicación del mismo día, un funcionario canadiense reporta las explicaciones de Cejudo sobre un nuevo e inesperado permiso mexicano de importación que entró en vigor el 1 de abril. Al referirse a la posibilidad de que el asbesto fuera incluído en la lista de “sustancias tóxicas”, el informante mexicano indica que ese “no es un gran problema en sí mismo”, pues a su juicio no tendría “un impacto significativo sobre las exportaciones de Canadá a México”.

Reconoció, eso sí, que al paso del tiempo eso podría servir de pretexto para restringir las importaciones, pero tranquilizó a sus interlocutores subrayando que el asbesto no tiene sustituto para lo que más se emplea en México: el vital transporte de agua en pipas con contenedores de crisótilo.

Poco después se revela que la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) ofreció su apoyo al uso seguro del material e hizo notar que las compañías que la integran dan empleo “a más de 2 mil personas en el sector de la manufactura de productos de asbesto”.

La carta finaliza: “Respecto a su demanda previa de opiniones sobre Alberto Aguilar, el nuevo DM para Salud y Seguridad del Ministerio Mexicano del trabajo (se refiere a la STPS), quien reemplazó al Dr. Juan Antonio Legaspi, Cejudo dice que Aguilar está enterado del asunto del asbesto, que es defensor del uso controlado y que debe ser considerado un aliado”.

El pasado 18 de septiembre en la ciudad suiza de Ginebra, el gobierno panista confirmó su alineamiento con Canadá al compartir su rechazo a la propuesta de la Unión Europea y Chile de incorporar al crisótilo en la lista de “químicos y pesticidas peligrosos” de la Convención de Rotterdam.

Según Ottawa, varios países hubieran podido percibir una aceptación de esa iniciativa como una invitación a prohibir el crisótilo, argumento que secundaron los enviados de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud.

Clifton Curtis, jefe del Programa de Tóxicos Globales del organismo ambientalista WWF, denuncia que las objeciones canadienses y rusas tienen como finalidad “proteger a sus exportadores domésticos que buscan vender sus químicos peligros al exterior”.

En cuanto a México, la Oficina Técnica Sindical Europea para la Salud lo tiene bien claro: “Está sacrificando la vida de sus trabajadores por intereses comerciales”.

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