Bajo reserva, derechos humanos en México

Posted on 14 febrero, 2012

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BRUSELAS (apro).- México y la Unión Europea acordaron que las próximas reuniones del Diálogo sobre Derechos Humanos, que se enmarcan en el acuerdo de sociedad estratégica, serán precedidas por un “seminario” con organismos no gubernamentales especializados en este tema.

Sin embargo, el gobierno de Felipe Calderón ha guardado silencio sobre esos seminarios, y en Bruselas los eurodiputados conocen a cuenta gotas algunos pormenores, debido a las evasivas de las autoridades de la Unión Europea.

(Artículo publicado en coautoría con el corresponsal en Madrid, Alejandro Gutiérrez, el 8 de Abril de 2011 en la sección Prisma Internacional de la Agencia PROCESO)

Este compromiso fue ”acordado” con el gobierno de Felipe Calderón el pasado 2 de marzo en Bruselas, durante la segunda reunión del Diálogo sobre Derechos Humanos, cuya parte mexicana fue encabezada por el subsecretario para asuntos multilaterales y derechos humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo.

Apro tuvo acceso a dos reportes internos que elaboraron por separado distintos funcionarios del Servicio Europeo de Acción Exterior, en los que se señala que la realización de tal seminario partió de un compromiso conjunto con la delegación mexicana y de una voluntad compartida de incluir a la sociedad civil en el diálogo.

El pasado 14 de marzo, Claudia Gintersdorfer, funcionaria de la Unidad de derechos humanos del Consejo de Ministros (la institución de la UE donde están representados los 27 gobiernos nacionales asociados) lo comunicó durante un encuentro del Subcomité de derechos humanos del Parlamento Europeo.

Paradójicamente, representantes de varias organizaciones de derechos humanos de México, como el Centro de derechos Humanos Miguel Agustín Pro, el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, activistas de Atenco y la Coordinadora alemana de derechos humanos sobre México, se enteraron aquí del acuerdo, porque en México el gobierno calderonista lo mantiene bajo reserva.

Fue en el foro “Derechos Humanos en México” celebrado en el Parlamento Europeo, bajo el auspicio de las eurodiputadas, la finlandesa Satu Hassi y la alemana Franziska Keller, donde María Gotsi, funcionaria de la oficina para las relaciones con México de la Comisión Europea (parte del nuevo Servicio Europeo de Acción Exterior) precisó que el propósito del referido seminario será “recoger las problemáticas” locales y “escuchar las sugerencias de los propios defensores de derechos humanos” para “alimentar el diálogo bilateral” en ese campo.

“Nuestro objetivo es fortalecer el papel que juega la sociedad civil y, especialmente, los defensores de derechos humanos”. 

Gotsi precisó que el primer seminario en ese marco podría tener lugar a finales de este año, y subrayó que se trata de una iniciativa acorde con sus directrices internas, las cuales indican que ”la sociedad civil puede participar en todas las fases del diálogo”.

El pasado 16 de marzo la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, desconoció en Bruselas ese compromiso y declaró que el gobierno mexicano había establecido el diálogo de derechos humanos exclusivamente a nivel de subsecretarios.

Según información de ONG europeas, fue la delegación de la UE en México la que ha invitado a defensores de derechos humanos mexicanos para explicarles el resultado del diálogo con su gobierno.

En el foro del 29 de marzo en el Parlamento Europeo, Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, denunció que México ha acumulado diversas recomendaciones emitidas por organismos internacionales para implementar medidas que garanticen la integridad de los defensores de derechos humanos, que no han sido cumplidas.

Recordó que la oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos Humanos registró entre 2006 y octubre de 2010, 165 casos de ataques y agresiones a defensores mexicanos de derechos humanos, incluidos 10 homicidios, siendo Chihuahua, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde se concentran los casos más graves.

“El gobierno mexicano continúa sin atender las recomendaciones emitidas para implementar medidas efectivas que les permitan a las y los defensores de derechos humanos llevar a cabo su trabajo. En su lugar ha preferido continuar simulando un interés y un diálogo pero sólo ante la comunidad internacional, porque en los hechos no es una prioridad para las autoridades gubernamentales”.

Añadió: “Ante la comunidad internacional, ante la Comisión Europea, ante las embajadas en nuestro país simulan tener un diálogo con la sociedad, fingir un interés legítimo por nuestros compañeros que enfrentan agresiones, pero en los hechos, y porque es lo que vivimos a diario sabemos que no es así”.

Al igual que Barrera, Jacqueline Sáenz Andujo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y Bárbara Italia Méndez Moreno, participante en las protestas de Atenco y denunciante de tortura sexual, denunciaron la impunidad imperante en esos casos, lo que ha agravado el clima de inseguridad hacia los defensores de derechos humanos, por lo cual se pronunciaron porque la Unión Europea sea más contundente en sus posicionamientos ante el Estado mexicano, para que cumpla a cabalidad las recomendaciones de ofrecer protección efectiva.

La prensa, preocupa

El interés de las europarlamentarias y de la Coordinadora alemana de derechos humanos para México se hizo extensivo también al creciente riesgo que viven los periodistas y medios de comunicación en el país, que lo colocan como uno de los más peligrosos para el ejercicio del periodismo.

El semanario Proceso fue invitado a participar; ahí el corresponsal en España, Alejandro Gutiérrez, expuso que la escalada de homicidios, desapariciones y ataques registrados contra los periodistas son el elemento fundamental de esa degradación.

Conforme se estanca la estrategia del gobierno, crece la violencia e impunidad con que operan los criminales, los periodistas y medios ven cada vez más restringidas sus opciones de informar o investigar estos temas.

Explicó que México tiene puesta la lupa de organismos como Reporteros sin Fronteras (RSF), el Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet) y el Comité de Protección a Periodistas, de Nueva York, donde entre 2000 y 2010 fueron asesinados 69 periodistas y al menos once más fueron desaparecidos, desde 2003, de acuerdo a RSF. Por lo menos 38 fueron asesinados en lo que va del actual gobierno.

El informe de Cepet, del 2 de marzo pasado, arroja que al menos 139 periodistas y 21 medios de comunicación en 25 estados de la República fueron agredidos por razones vinculadas con su labor informativa; y el último año nueve trabajadores de los medios de comunicación fueron asesinados, tres reporteros desaparecieron en Tamaulipas y Michoacán, y dos periodistas de Chihuahua se vieron obligados a abandonar el país por amenazas de muerte.

El periodista de Proceso dijo que detrás de cada cifra hay “historias terribles, víctimas con nombre y apellido, y familias y medios agraviados, y “un gremio que ve como su seguridad se degrada en forma acelerada”.

“El motivo es la impunidad que prevalece en casi todos los casos: Un estado incapaz—por negligencia, incapacidad o desinterés—de realizar investigación profesional y poner a los responsables en manos de los tribunales, para que reciban la pena que les corresponde”.

En su intervención se refirió al caso del Diario de Juárez, un medio que en un momento de “arrojo y desesperación” decidió hacer pública una carta abierta al crimen organizado para plantear una pregunta: ¿Qué quieren de nosotros?. Lo hicieron luego de sufrir el asesinato de su reportero Armando Rodríguez, el 13 de noviembre de 2008, y del fotógrafo Luis Carlos Santiago, el 16 de septiembre de 2010, ataque éste en el que otro fotógrafo resultó gravemente herido.

El periodista expuso que no solo los homicidios y secuestros de periodistas delinean el grado de cosas en el periodismo en México.

Hay continuos “intentos de criminalizar” a los medios por parte del gobierno de Calderón, como ha sucedido con Proceso, con la exhibición de ediciones del semanario junto a los pertrechos que le habían sido asegurados a presuntos miembros del crimen organizado.

“Esos ataques son el resultado de la incomodidad del gobierno ante las investigaciones periodísticas de Proceso, que han dejado al descubierto las fallas y los fracasos de la estrategia gubernamental contra el crimen”, dijo.

Explicó que en agosto de 2009 y en marzo de este año, las secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional, recurrieron a la artimaña de colocar la revista Proceso junto con las armas y pertenencias aseguradas a los supuestos criminales, con un claro intento de vincularlo con las organizaciones delictivas.

El semanario denunció que esta acción del gobierno calderonista ponía en riesgo a sus trabajadores, y era un medio indirecto de presión o censura.

La queja, inicialmente formulada ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fue desestimada por ésta. Por tanto, en noviembre pasado, el semanario llevó su queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

De igual forma, ante los europarlamentarios y organizaciones civiles asistentes se ofreció una explicación sobre la agresión que sufrió Proceso en diciembre pasado, cuando el noticiero estelar de Televisa atacó al periodista Ricardo Ravelo, con el objetivo de afectar la integridad del medio.

Echando mano de un burdo montaje en el que era evidente la mano del gobierno calderonista se pretendió acusar al periodista de haber sido corrompido por un narcotraficante.

Era una nueva respuesta a una investigación periodística que revelaba un presunto encuentro del presidente mexicano con un traficante, durante un festejo celebrado en Torreón, Coahuila, todo ello contenido en una declaración ministerial a la que tuvo acceso el periodista.

Proceso ofreció una respuesta periodística a dicha calumnia, echando por tierra las pretensiones gubernamental y de la televisora, la misma que hoy encabeza una iniciativa que busca uniformar y moldear la cobertura sobre el narco, se dijo en dicho foro.

Opacidad

El Diálogo de Derechos Humanos con México está enmarcado en el Plan ejecutivo de la Asociación Estratégica, el cual le otorgó la UE al país el 13 de octubre de 2008, a petición expresa del gobierno de Calderón.

El primer Diálogo con México tuvo lugar en el Distrito Federal el 12 de mayo de 2010, pocos días antes de la Cumbre México-UE en Santander, España (16 de mayo), y de la Cumbre Euro-latinoamericana de Madrid (18 de mayo). La información sobre ese primer diálogo fue escasa.

Un día después del segundo Diálogo con México, el 3 de marzo en Bruselas, durante una audiencia en el Parlamento Europeo, la eurodiputada austriaca Ulrike Lunacek, que presidía la audiencia, preguntó a Gianfranco Bochicchio, funcionario de la oficina para las relaciones con México de la Comisión Europea, si habían abordado con los enviados del gobierno calderonista el tema de los feminicidios.

Además, le reclamó que la Comisión Europea no hubiera informado a los eurodiputados sobre el contenido de ese encuentro oficial.

Bochicchio contestó que la UE seguía “muy de cerca” el tema de los feminicidios, por lo que la eurodiputada le volvió a pedir detalles sobre la reunión del 2 de marzo y cuál era la posición de la UE frente al incumplimiento del gobierno mexicano en relación a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero, ocurrida hace más de un año.

El funcionario se limitó a comentar que “los detalles de la reunión variaban mucho”, y que la UE estaba en vías de examinar la aplicación mexicana de la mencionada sentencia.

 En la reunión del 14 de marzo con el Subcomité de derechos humanos del Parlamento Europeo, Gintersdorfer también fue interrogada al respecto por la eurodiputada Laima Andrikiene, del grupo del Partido Popular Europeo.

Gintersdorfer explicó vagamente que el diálogo “fue una experiencia muy positiva” y “una oportunidad para México de intercambiar mejores prácticas”.

Por ello, en la sesión con las europarlamentarias y las ONG’s mexicanas del 29 de marzo, el grupo del Partido Verde solicitó a María Gotsi un informe detallado de la reunión del 2 de marzo, que se comprometió ella a entregar.

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