RESOLUCIÓN FEMINICIDIOS: Condena a la impunidad (tercera de cuatro partes)

Posted on 19 enero, 2012

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Una resolución sobre los feminicidios en México provocó intensas negociaciones y cerradas votaciones entre los diputados que integran la Comisión de Género del Parlamento Europeo. Al final, el grupo del Partido Popular Europeo logró matizar los cuestionamientos a las autoridades mexicanas que aparecían en esa resolución. Sin embargo, no pudo evitar que dicho documento condene la “impunidad” que existe en torno a estos asesinatos ni que pida al gobierno de Felipe Calderón “medidas adecuadas” para proteger a las mujeres mexicanas.
 
(Artículo publicado en la edición del 16 de Septiembre de 2007 de la revista PROCESO)

BRUSELAS.- Después de una cerrada votación sobre 101 enmiendas, la Comisión de Género del Parlamento Europeo (PE) aprobó el pasado martes 11 una resolución que denuncia la “impunidad” que prevalece en torno a los feminicidios en México.

El documento, presentado por el eurodiputado del Partido Verde Raúl Romeva, señala “la inexistencia de hecho o derecho de responsabilidad penal, administrativa, disciplinaria o civil para los responsables de dichas acciones (el asesinato de mujeres); la elusión de la investigación o la condena; la falta de recursos presupuestales, y la frecuente obstaculización del acceso a la justicia a las mujeres víctimas y a sus familiares”.

Dicha resolución –sin carácter vinculante pero con un gran significado político pues fija la posición institucional de un órgano del PE– también recuerda al gobierno de Felipe Calderón que “la obligación de un estado de derecho es promover políticas adecuadas para que las mujeres en general, y sobre todo las mujeres pobres, sean protegidas contra la discriminación, la violencia y los feminicidios”. Expresa que estas políticas “deben comenzar por sensibilizar a los propios servidores públicos sobre la gravedad del problema”.

El tono atrevido de la resolución –cuyo título completo es Informe sobre los asesinatos de mujeres en América Central y México, y el papel de la Unión Europea (UE) contra este fenómeno— provocó una intensa movilización del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE) y de funcionarios de la embajada mexicana en Bruselas –desde junio pasado a cargo de Sandra Fuentes-Beráin–, con el propósito de matizar o suprimir los cuestionamientos y las propuestas del texto más incómodos para el gobierno mexicano.

Así, en la ronda de negociaciones que precedió a la votación, el grupo del PPE consiguió que fuera descartado el proyecto para crear el puesto de “coordinador de la UE” contra los feminicidios, cuya función incluía organizar los “esfuerzos” de la UE y de las embajadas en México de sus países miembros “para erradicar los feminicidios” y “asegurar” que el tema se trate “en todos los niveles del diálogo político” de la UE con México (Proceso 1585).

El texto finalmente acordado pide a la Comisión Europea –responsable de las relaciones de la UE con México— “que para mediados de 2008 haga una propuesta metodológica sobre cómo coordinar las diferentes iniciativas europeas destinadas a la lucha contra los feminicidios y su impunidad, en colaboración con las instituciones y organizaciones locales (…)”.

El llamado “texto consolidado” (final) será sometido a la aprobación del pleno del Parlamento Europeo el próximo 11 de octubre, y aunque todavía se puede enmendar, los eurodiputados no esperan grandes cambios. Un día antes habrá un debate público sobre esta resolución.

Voto reñido

Antes de la votación del pasado martes 11, los eurodiputados acordaron incorporar 12 “enmiendas de compromiso”, es decir, accedieron a realizar modificaciones a la resolución para que la mayoría las aprobara sin problema alguno durante la votación.

Tal fue el caso del citado retiro del cargo de “coordinador” de la UE sobre feminicidios, o la introducción de un párrafo que “reconoce los progresos de México” en materia de “eliminación y prevención de la discriminación contra las mujeres”, ambas enmiendas impulsadas por el español José Ignacio Salafranca y la eslovaca Anna Záborská, ambos eurodiputados del grupo del PPE.

El resto de las enmiendas se sometió a voto.

En punto de las nueve de la mañana del pasado martes 11, en una sala del tercer piso del edificio del Parlamento Europeo –a la que asistieron unas 70 personas, entre eurodiputados, sus asistentes, funcionarios de la Comisión Europea y periodistas–, Záborská, presidenta de la Comisión de Género, arrancó la votación.

La concurrida asistencia tenía una explicación: existía una gran expectación por el choque de fuerzas que se anunciaba entre la derecha y la izquierda europarlamentarias.

Con empates de 14 contra 14 o 15 contra 15, las enmiendas de una u otra fuerza eran bloqueadas por su contraparte.

Los asistentes de Romeva y Záborská contaban una y otra vez los votos a mano levantada de los eurodiputados. En más de una ocasión se solicitó el recuento.

La enmienda número 47, presentada por la socialista rumana Gabriela Cretu, “urgía” la “identificación, persecución y castigo de los funcionarios que oculten la real dimensión del problema o lo hayan agravado”, por ejemplo, policías que maltraten a las víctimas o personal administrativo que ignore las quejas. La votación: 15 a favor, 15 en contra. La derecha logró bloquear la enmienda.

Minutos después, la socialista húngara Zita Gurmai llegó apresurada a la sala. La portuguesa Edith Estrela, también socialista, la reprendió por su retraso señalando notoriamente su reloj. El voto de Gurmai hubiera bastado para aprobar esta enmienda. Pero ya nada podía hacerse.

Más adelante, la enmienda número 12, presentada por Záborská, una conocida militante antiaborto, deslizó una línea acorde con las tesis ideológicas de la ponente: el derecho a la vida “debe ser protegido desde el momento de la concepción”. Otro empate de 16 eurodiputados por bando. Ahora la izquierda lograba bloquear esta enmienda.

Durante la votación de la Comisión, Salafranca se paraba a consultar o dar instrucciones a sus compañeros de partido. En dos ocasiones, su grupo votó contra los compromisos que había acordado. En medio de risas o voces de enfado de socialistas, verdes, comunistas y liberales, Salafranca rectificó: “Hay un error en nuestra lista, nuestra votación es a favor del compromiso”, justificó.

El texto final fue aprobado casi por unanimidad: sólo hubo una abstención, la de la ultranacionalista polaca Urszula Krupa, cuyo partido, Independencia Democrática, suele abstenerse en este tipo de votaciones.

Negociaciones

El miércoles 5, en el marco de la sesión plenaria en Estrasburgo, Francia, Romeva convocó una reunión de negociación en la que participó un grupo de 20 personas, entre éstas los consejeros de los grupos del PPE y del Partido Socialista Europeo, así como los eurodiputados Romeva, Cretu, Estrela, Salafranca, Záborská y Esther Herranz, esta última también del PPE.

Testigos del encuentro aseguran que Herranz se opuso a que la resolución demandara esfuerzos a las empresas “trasnacionales” (palabra que se eliminó en el texto) para brindar protección a las obreras mexicanas y que no eludieran su “responsabilidad social” en la materia (lo cual se mantuvo).

La socialista alemana Erika Mann, presidenta de la delegación para México, rechazó el concepto de “igualdad salarial” para las trabajadoras mexicanas, lo que desató la molestia de sus compañeros de partido. El término utilizado finalmente fue “igualdad laboral”.

El viernes 7 el grupo del PPE dio a conocer cambios sobre los 12 compromisos que ahí se acordaron. Ello era necesario para que el secretariado del Parlamento Europeo pudiera elaborar el llamado votinglist (un formato especial con las enmiendas que los eurodiputados requieren para votar).

Sin embargo, el lunes 10, un día antes de la votación, el grupo del PPE introdujo nuevos cambios hasta en tres ocasiones. Las últimas modificaciones las presentó pasadas las 11:30 de la noche, cuando la oficina del secretariado estaba ya cerrada y su personal se había ido. Los miembros del Partido Verde elaboraron de urgencia el votinglist, sin el cual la votación se hubiera postergado para otro día.

Holandesas

Salafranca no es miembro de la Comisión de Género del PE. No obstante, propuso 52 enmiendas a la resolución: 30 junto con Záborská y 22 junto con Herranz.

La eurodiputada Erika Mann tampoco es miembro de esta comisión, pero presentó también 23 cambios, ocho de los cuales fueron idénticos a los expuestos por Salafranca.

En una enmienda sólo presentada por ella, Mann solicitó suprimir la propuesta de que, en el marco de la próxima Cumbre UE-América Latina –programada para celebrarse el próximo año en Lima, Perú–, se evalúe el caso, aún sin resolver, de la ciudadana holandesa Hester Van Nierop, asesinada en Ciudad Juárez en septiembre de 1998.

En una conversación con este corresponsal, Arsène Van Nierop, la madre de Hester, se declaró sorprendida de la enmienda de Mann.

El eurodiputado socialista holandés Thijs Berman envió un mensaje por correo electrónico a Mann el pasado 29 de agosto. Le pregunta: “¿Es posible que usted formule su enmienda como un ‘agregado’ en lugar de cambiar el párrafo? Sería bienvenido por las familias de las dos víctimas holandesas (la otra es Brenda Susana Margaret Searle, asesinada en Cancún en 2001) que los nombres de éstas no desaparecieran de los artículos de la resolución”.

En el mensaje electrónico –del que Proceso obtuvo una copia—Berman observa que, en su primera parte, el documento reconoce a las víctimas holandesas con sus nombres completos, y así fue aprobado el martes 11.

“Sería mucho mejor y más coherente –escribió– si esos dos casos se mantienen visibles en los demás artículos (…) Sería más comprensible en aras del interés europeo.”

En la reunión de Estrasburgo, Mann retiró la mencionada enmienda, y tanto ella como el grupo del PPE aceptaron agregar los nombres de las holandesas. Pero el lunes 10, Záborská faltó a ese compromiso y retiró los nombres. Argumentó que “el Parlamento Europeo no tiene competencia para pronunciarse sobre casos judiciales en curso en países terceros”.

Así, el grupo del PPE votó a favor de “incluir en un balance (que realizarían las comisiones de Género y de Derechos Humanos del PE en vísperas de la Cumbre de Lima) todos los casos (de feminicidios) de ciudadanos de un Estado miembro de la UE”. Pero logró que se rechazara la segunda parte de la frase: “particularmente los casos de las dos mujeres holandesas asesinadas en México”.

El miércoles 12, en entrevista con Proceso, Salafranca aceptó que “consideraría la conveniencia de discutir” un cambio que hiciera ese agregado. “No me crearía un problema apoyarla”, agregó.

–¿Por qué su grupo no apoyó que el nombre de las ciudadanas holandesas apareciera en toda la resolución? –le preguntó este corresponsal.

–Mis compañeras (Záborská y Herrantz) me preguntaron si quería firmar con ellas sus enmiendas. Rápidamente las evalué y lo hice. Asistí a la votación, pero hay una disciplina de voto. Aunque no me hubiera molestado (conservar los referidos nombres).

–¿Cómo explica que ocho de los cambios presentados por la socialista Mann sean exactamente iguales a los suyos?

–No le puedo contestar a esa pregunta. Fueron mis compañeras las que prepararon sus enmiendas y luego las sometieron a mi consideración. Se sabe que a veces hay solidaridad entre grupos políticos. Pero en todo caso no sé (de las enmiendas) de Mann.

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