RESOLUCIÓN FEMINICIDIOS: “Parches” para una resolución sobre los feminicidios en México (segunda de cuatro partes)

Posted on 18 enero, 2012

0


Bruselas.- La derecha europea, con el apoyo de los socialistas y la cancillería mexicana, amenaza con echar atrás las partes que más incomodan al gobierno de Felipe Calderón del proyecto de resolución en contra de los feminicidios en México y Centroamérica, que actualmente discute el Parlamento Europeo.
 
(Artículo publicado el 30 de Julio de 2007 en la sección Prisma Internacional de la Agencia PROCESO)

Tal proyecto –que elaboró el eurodiputado del Partido Verde, Raúl Romeva— sobresale por la manera franca con que observa la ineficacia de las autoridades mexicanas para terminar con los asesinatos de mujeres y castigar a los culpables, y porque propone acciones concretas que implican una intervención más directa de la Unión Europea (UE) en el asunto (Proceso No. 1585).

El documento, que será sometido a la aprobación de la Comisión de Género del Parlamento Europeo el 10 o el 11 de septiembre próximo, y un mes más tarde a la del pleno de la misma institución, acumuló 101 enmiendas que presentaron nueve eurodiputados, y que aún pueden retirar en la votación.

En el cuadernillo de enmiendas –al que tuvo acceso Proceso—se distinguen aquellas que se refieren a simples cambios de estilo, de otras en que se suprimen palabras o párrafos enteros que desfavorecen al gobierno de México, o en que se agregan líneas que terminan beneficiándolo.

En muchos de estos casos, aparece el nombre del eurodiputado español Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, miembro destacado del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE), y exjefe de la misión europea de observación electoral en la pasada elección presidencial mexicana.

Salafranca firma 30 enmiendas junto con la eurodiputada polaca Anna Záborská, presidenta de la mencionada Comisión de Género; y 22 más con la eurodiputada española Esther Herranz García, ambas del grupo del PPE.

Coordinador

La iniciativa más ambiciosa del proyecto es crear el cargo de “coordinador” contra los feminicidios dentro de las representaciones diplomáticas de la UE en México y Centroamérica.

Sus funciones, dice el apartado 11 del documento, serían las de “coordinar los esfuerzos de la UE, de las embajadas de sus países miembros y, en el caso de México, el de ser el punto de contacto nacional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para erradicar la impunidad de los feminicidios, sensibilizar a su personal sobre cuestiones de género (…) oficiar como instancia de contacto para la ciudadanía (…) asegurar que el tema del feminicidio esté presente en todos los niveles del diálogo político y rendir un informe anual a la Comisión de Género del Parlamento Europeo”.

Salafranca, Záborská y Herranz suprimen todo ese apartado. También eliminan la demanda de “supervisar que las trasnacionales europeas” cumplan con su “responsabilidad social”. En cambio, adjuntan una línea en que se “felicita al gobierno federal de México por los esfuerzos realizados en materia de no discriminación entre hombres y mujeres (…)”.

En otros casos, Salafranca y Záborská introducen párrafos poco usuales, donde aclaran que la UE hace “prueba de modestia y humildad cuando formula recomendaciones a países terceros”, o bien que la resolución “no es una acusación o un requisitorio judicial contra México”, por lo que en varias ocasiones llegan a suprimir la palabra “México” para referirse sólo a Centroamérica cuando, por mencionar un ejemplo, se “exhorta a garantizar los derechos laborales de las mujeres en las legislaciones nacionales”.

Por su parte, la socialista alemana Erika Mann, presidenta de la delegación europarlamentaria para México –quien fue cuestionada por el eurodiputado Tobias Pflüger sobre su “desinterés en los derechos humanos en México” (Proceso No. 1521)– presentó 23 enmiendas, ocho de las cuales tienen una redacción idéntica a las de Salafranca, como en la que rechaza al “coordinador” europeo contra los feminicidios. Incluso en cuatro enmiendas más suprime la palabra “México” en los mismos párrafos en que lo hace el eurodiputado español.

Mann además elimina la propuesta de que en el marco de la próxima cumbre UE-Latinoamérica de 2008 en Lima, Perú, se haga un balance del caso, aún sin resolver, de Hester Van Nierop, la joven arquitecta holandesa asesinada en Ciudad Juárez en septiembre de 1998.

También los socialistas Edite Estrela y Raimon Obiols i Germà –éste último expresidente de la delegación para México–, suprimen tanto el citado puesto de coordinador, como la petición de que la UE “desarrollen un programa específico destinado a las obreras de las empresas multinacionales para garantizar su seguridad, condiciones de trabajo dignas y la no discriminación salarial”.

Ambos borran igualmente la solicitud para que, en la cooperación de la UE con México, “se conceda una especial atención a la reestructuración y fortalecimiento del sistema judicial”.

“Problema global”

El pasado 13 de abril, Romeva viajó a la Ciudad de México. En la Procuraduría General de la República se entrevistó con Alicia Elena Pérez Duarte, fiscal especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres; y en la Secretaría de Gobernación, con María Eugenia Díez, jefa de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.

Así mismo, en la Secretaría de Relaciones Exteriores mantuvo encuentros con Patricia González Rodríguez, procuradora del estado de Chihuahua; con Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos; y con Víctor Hugo Pérez Hernández, director general Adjunto de Protección de los Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública.

De la agenda y la conducción de la visita se encargó Lorena Larios, funcionaria de la Oficina de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien trabajó de cerca con el eurodiputado Salafranca cuando ella se desempeñó, hasta finales de 2005, como la cabildera de la embajada de México en el Parlamento Europeo.

Romeva resume a Apro el resultado de sus encuentros con los funcionarios de México durante su visita a este país: le presentaron los avances del gobierno mexicano en la materia y le advirtieron del “daño a la imagen del país” que causaría su proyecto de resolución.

El pasado 25 de junio la Comisión de Género del Parlamento Europeo sostuvo el único debate público sobre el proyecto. Asistió la nueva embajadora mexicana ante la UE, Sandra Fuentes-Beráin; la procuradora de justicia del estado de Chihuahua, Patricia González Rodríguez; los embajadores de El Salvador, Guatemala y Nicaragua, así como el jefe administrador de la Unidad para México y Centroamérica de la Comisión Europea, Giovanni di Girolamo.

Ahí, la eurodiputada Herranz acusó que “la violencia contra las mujeres es un tema general, y el proyecto focaliza las culpas en un sólo país (México)”.

“El cargo de ‘coordinador’ –apuntó Herranz– es una figura que no contemplan los tratados de la UE. Tendríamos que ponerlo en todas partes. El proyecto crea un ‘torquemada’ y hace un juicio inquisitorial a México.”

Salafranca, cuyo cabildeo y el de su grupo político contra los regímenes de Cuba y Venezuela son conocidos, reiteró el carácter “planetario y universal” del fenómeno en cuestión, y dirigiéndose a Romeva indicó que “antes de lanzarse a salvar el mundo, primero tiene que darse tres vueltas por su propia casa”, en referencia a los casos de violencia doméstica contra las mujeres en Europa, particularmente en España.

Abundó que el Parlamento Europeo “no es un tribunal”, que el tratamiento del problema debe basarse en el “diálogo, la cooperación y el mutuo intercambio de experiencias” con México, y continuó la comparación de los brutales asesinatos de niñas y muchachas en Ciudad Juárez con lo que ocurre en España, donde, remarcó, “se han presentado más de 150 mil denuncias por maltratos físicos a mujeres en lo que va del año”.

En respuesta la eurodiputada sueca de la Izquierda Unitaria Europea, Eva-Britt Svensson, declaró: “El hecho de que sea un problema mundial no significa que no se va a investigar en una determinada región o país. ¡Claro que no somos un tribunal! Pero nuestra responsabilidad es investigar lo que pasa (en México), con el que firmamos una cláusula democrática, que parece no bastar en este caso”.

De forma excepcional, la procuradora González pudo hablar para hacer un desglose de los progresos en la materia del gobierno estatal del priista José Reyes Baeza Terrazas, entre ellos la promulgación de “11 nuevas leyes”. Pero reconoció que ese gobierno, en funciones desde octubre de 2004, encontró “un sistema (judicial) colapsado”, por lo que se ha dedicado “a controlar y disminuir el caos” que hubo en las pesquisas, de “octubre de 1993 a 2004”.

Según datos de la procuraduría estatal –que divulga la Secretaría de Relaciones Exteriores entre sus embajadas y la UE a través de un “boletín informativo” interno de junio pasado–, del 21 de enero de 1993 al 18 de mayo de 2007, se abrieron 413 expedientes por casos de feminicidios en Chihuahua. De ellos, 172 habrían sido resueltos; 66 se encontrarían en proceso judicial con la detención de los presuntos culpables; 16 habrían sido turnados al Tribunal de Menores; 2 más remitidos al Ministerio Público Federal; y 8 archivados por tratarse de suicidios.

Según esta información, sólo 139 se hallan “en fase de investigación y averiguaciones previas”.

Luis Guillermo Pérez, secretario ejecutivo de la Iniciativa de Copenhague para América Central y México, desestimó la información de la procuradora con base en citas de un nuevo informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y declaró: “Constatamos que el gobierno mexicano sigue incumpliendo sus obligaciones en materia de investigación, sanción, reparación y prevención.”

El informe de la CMDPDH –titulado Ciudad Juárez: tareas pendientes, que será presentado el próximo 11 de agosto–, examina minuciosamente el estado de cumplimiento de 292 recomendaciones extraídas de ocho documentos nacionales y 16 internacionales, tales como los de diversos relatores especiales de Naciones Unidas.

Su conclusión: los esfuerzos de las autoridades mexicanas sólo “han funcionado de forma instrumental, y no han podido perdurar entre un sexenio saliente y uno entrante”, sirviendo de poco “crear instancias que no garantizan un funcionamiento eficiente ni el acceso a la justicia” de las víctimas y sus familiares.

Anuncios