Desaparición “forzada”, la de los dos eperristas

Posted on 30 diciembre, 2011

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BRUSELAS.- Aunque el pasado 7 de mayo la comisaria de Relaciones Exteriores de la Unión Europea (UE), Benita Ferrero-Waldner, anunció que México ha ascendido a la exclusiva categoría de “socios estratégicos” de ese bloque comercial, poco antes había acusado a las autoridades mexicanas de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, presuntos miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

(Artículo publicado en la edición del 24 de Mayo de 2008 de la revista PROCESO) 

El 4 de abril, en una comunicación oficial dirigida al eurodiputado español Raúl Romeva -con el número de folio E-0266/08ES-, la comisaria austriaca Ferrero-Waldner tipifica ambos casos como “desapariciones forzadas”.

Señala allí que, “desde finales de 2007”, la Comisión Europea -el órgano de la UE que vigila el cumplimiento de la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación con México, en vigor desde el año 2000- está dando “seguimiento” al asunto de “las desapariciones forzadas” de Reyes Amaya y Cruz Sánchez.

Entrevistado por Proceso, el eurodiputado Romeva advierte que esa respuesta de la comisaria refleja la “gravedad” de la situación de los derechos humanos en México, ya que es la primera vez que la Unión Europea “reconoce” la existencia de “desapariciones forzadas” en México.

Éstas son definidas por el artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 20 de diciembre de 2006 y que sirve de base jurídica a los señalamientos que hace la diplomática europea.

La Convención estipula que “por desaparición forzada debe entenderse el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sea obra de agentes de Estado, o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguido de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.

Esa misma Convención Internacional, signada ya por 72 países, considera la desaparición forzada como un “crimen de lesa humanidad”.

Apenas el pasado 18 de marzo el gobierno de Felipe Calderón ratificó dicha Convención, que requiere de otras 16 ratificaciones para entrar en vigor. Sin embargo, organismos de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional lamentaron que México lo hiciera sin reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada, instituido para recibir y examinar las quejas de las víctimas o sus familiares.

En vista de ello, Romeva señala que, tras la respuesta de la comisaria, “la Comisión Europea se sitúa en un escenario en que debe tomar decisiones de forma pública e inmediata”.

-¿El caso amerita activar la cláusula democrática del acuerdo? -le pregunta este corresponsal.

-Por supuesto. Para que sirva una cláusula de ese tipo, debe aplicarse. De otra forma no tiene sentido. Espero que, al menos en el marco de esa cláusula, el asunto sea tratado. Las autoridades mexicanas suelen esconderse detrás del principio de no injerencia para no tocar esos temas con observadores extranjeros. Pero en materia de derechos humanos no hay tal injerencia, porque el diálogo en la materia es parte del acuerdo. Lo aceptó y firmó el gobierno mexicano: espero que esta vez entienda que el problema de las desapariciones forzadas forma parte de la cláusula democrática.

Conforme al artículo 58 del mencionado acuerdo, la desaparición forzada puede clasificarse como “caso de urgencia especial”. En esa circunstancia, la Comisión Europea está facultada para aplicar “unilateralmente” las medidas que juzgue “adecuadas”, desde un diálogo extraordinario hasta un proceso de suspensión del acuerdo.

PREOCUPACIÓN

El pasado 17 de enero, el eurodiputado Romeva mandó una “comunicación parlamentaria” a Benita Ferrero-Waldner. En ella le preguntó qué acciones había adoptado la Comisión Europea, en el marco del acuerdo global con México, frente a las desapariciones forzadas de los presuntos guerrilleros.

La comisaria -en un tono menos condescendiente hacia el gobierno mexicano que en ocasiones anteriores- reconoció en su respuesta que el hecho ha despertado tanta preocupación que la Comisión Europea debió establecer contacto “con fuentes independientes y organizaciones no gubernamentales (ONG) de derechos humanos, con la finalidad de obtener el máximo de información posible sobre el asunto”.

Ferrero-Waldner informó que funcionarios de la Comisión Europea fueron autorizados a sostener reuniones “periódicas”, entre otros, con abogados de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) que han asumido la defensa de los activistas desaparecidos. Uno de esos encuentros se efectuó en la propia sede de la Delegación de la Comisión Europea en el Distrito Federal, al que acudieron también “representantes de otras ONG”.

La jefa de la diplomacia europea aseguró que “la Comisión se propone hacer un seguimiento del problema, a través de los canales y las modalidades apropiados, en el contexto de sus contactos con las autoridades mexicanas y en coordinación con los Estados miembros de la UE”.

Así, expone que el año pasado el Consejo de la UE, que agrupa a los representantes de los 27 Estados socios, requirió “información específica” sobre la situación “en el convulso estado de Oaxaca”; donde desaparecieron Reyes Amaya y Cruz Sánchez.

El Consejo de la UE y la Comisión Europea, explica la comisaria, enviaron entonces a México “una misión exploratoria” conjunta, a la cual se integraron los representantes de las embajadas de los países europeos y de la Delegación de la Comisión Europea en el país.

Aunque la comisaria no aborda los resultados de esa misión, revela que el conflicto de Oaxaca “ha sido en varias ocasiones objeto de conversaciones con las autoridades mexicanas, tanto en México como en Europa”.

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