Primero el poder

Posted on 6 diciembre, 2011

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El primer ministro griego Georgios Papandreou anunció un referéndum para aprobar o rechazar el plan de rescate de la economía de su país en función de su agenda interna: evitar elecciones anticipadas en las que su partido perdería la mayoría en el Parlamento. No es el único caso. La mayoría de los jefes de Estado y de gobierno europeos se resisten a aprobar medidas regionales para solucionar la crisis económica cuando éstas afectan sus intereses políticos. En los hechos, los acuerdos globales están sujetos a las agendas electorales de cada país.

(Artículo publicado en la edición del 6 de Noviembre de 2011 de la revista PROCESO)

BRUSELAS.- “El primer ministro Georgios Papandreou quiere evitar a toda costa que tengan lugar elecciones generales anticipadas”, explicó el diario griego Ethnos en su edición del miércoles 2.

“Esa es la razón –señaló el rotativo–, detrás del referéndum que Papandreou anunció para aprobar o rechazar el acuerdo de rescate económico de Grecia concluido la madrugada del pasado 27 de octubre”, tras largas horas de negociación, por los 17 jefes de gobierno de los países que comparten el euro como moneda.

Tal anuncio provocó de inmediato una caída de los mercados financieros y la estupefacción entre los gobernantes europeos. “Si vemos los eventos exclusivamente desde la perspectiva personal del primer ministro –prosigue Ethnos–, el último recurso, anunciar un referéndum, jugaría a su favor, al menos en teoría.”

Un sondeo publicado el pasado 6 de octubre por otro importante periódico griego, Ekathiremini, arrojó que 90% de la población está descontenta con el gobierno de Papandreou, cuya popularidad había caído en ese momento de 30 a 23% en sólo un mes, además de que su agrupación política, el Partido Socialista Griego (Pasok), que actualmente cuenta con 152 de 300 diputaciones, perdería entre 80 y 105 de éstas en caso de haber votaciones.

“El mandato gubernamental de Papandreou –expone Ethnos– ha sido una catástrofe y ha actuado contra los intereses del pueblo a un punto que no tiene precedente”, por lo que el mandatario está “desesperado por eludir las urnas” ya que “las consecuencias para el Pasok serían inconmensurables: una elección ahora socavaría a la clase política entera y dañaría las ambiciones políticas internacionales de Papandreou”.

Convocado por el presidente francés Nicolas Sarkozy, Papandreou viajó a Cannes, el balneario de la Costa Azul francesa, para explicar su inesperada decisión a los líderes de la Unión Europea (UE) y del Fondo Monetario Internacional, horas antes de iniciar la reunión del Grupo de los 20 (G-20).

Ahí, en un evidente intento por aplacar la tormenta que desató incluso entre las filas de su propio gobierno y partido político, el primer ministro griego precisó que el referéndum preguntaría si el país tenía que seguir en la zona euro y no sobre la aprobación del acuerdo del 27 de octubre, en el cual la banca aceptó condonar la mitad de la deuda de su país.

El dirigente griego fijó la celebración del referéndum el 4 de diciembre, ante lo cual los líderes europeos decidieron congelar la entrega a Grecia de 8 mil millones de euros, correspondientes al sexto pago del rescate de 110 mil millones de euros aprobado en mayo de 2010.

Una serie de acontecimientos se sucedieron intempestivamente el jueves 3 de noviembre: el ministro griego de Economía y Finanzas, Evangelos Venizelos, y otras figuras claves del gabinete, así como varios diputados socialistas, se enfrentaron a Papandreou al manifestar su rotundo rechazo al referéndum.

Papandreou todavía defendió su iniciativa durante un discurso en el Parlamento griego, aunque mencionó que estaba dispuesto a retirarlo si el partido de oposición, Nueva Democracia (ND), negociaba con su gobierno un nuevo plan de rescate más amplio que el actual. El líder de ND, Antonis Samaras, abandonó furioso la sede del Parlamento y acusó al primer ministro de “chantajista” y de “aferrarse a su puesto”, y exigía que se convocaran nuevas elecciones.

Sin embargo, el viernes 4 por la tarde el propio Venizelos informó oficialmente a la UE la decisión de anular el referéndum. Papandreou afirmó el mismo día que había llegado a un acuerdo para formar un gobierno de unidad nacional con Samaras, el líder del ND, tal como lo estaban pidiendo los socialistas. Samaras no había confirmado esa versión. A las 20.30 horas locales del viernes 4, el parlamento griego seguía discutiendo si otorgaba o no un voto de confianza al gobierno de Papandreou, que de no obtenerla sería relevado de sus funciones para darle paso a la formación de un nuevo gobierno, que podría encabezar nuevamente Papandreou, a menos que dimitiera. La incertidumbre era total.

Política interna

El primer ministro griego no es el único que se ha conducido frente a la crisis del euro motivado por intereses de política interna. De hecho, esta manera de actuar ha sido una constante entre diversos líderes europeos y, en gran medida, es la causa de que no hayan aplicado hasta ahora disposiciones de mayor envergadura, ya que suponen la concesión de una parte o la totalidad de su actual margen de maniobra.

Es el caso del primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, cuyo país, la tercera economía europea, carga una deuda de 1.9 trillones de euros. El italiano enfrenta una situación política interna tan frágil como la de Papandreou en Grecia: los escándalos judiciales por prostitución que arrastra, así como la mala gestión de la crisis económica, han provocado que la coalición de gobierno que él encabeza se encuentre sumamente debilitada.

Aun así, Berlusconi descarta adelantar las elecciones previstas para 2013. Movido por un cálculo político personal, Berlusconi no ha presentado a sus socios europeos el plan de reformas de austeridad que le han solicitado explícitamente Francia y Alemania para calmar a los mercados y evitar un contagio de la crisis.

El jueves 3, el gobernante italiano asistió a la reunión del G-20 con un plan que otra vez deja fuera el impuesto sobre las grandes fortunas y la reforma del mercado de trabajo, en especial la del régimen de pensiones. Hay una razón de fondo: La Liga Norte, un importante aliado de Berlusconi, se opone tajantemente al aumento en la edad de jubilación, de 65 a 67 años, antes de 2026, y amenaza con tirar al gobierno de coalición si el primer ministro se atreve a aplicarlo.

Entre algunos socios europeos se ha instalado cierta desconfianza, como lo ilustra un incidente ocurrido en la cumbre europea del 23 de octubre en Bruselas. Ese día, durante una conferencia de prensa conjunta, una periodista francesa le preguntó a la canciller alemana Ángela Merkel y al presidente francés Nicolas Sarkozy si, tras conversar poco antes con Berlusconi y escuchar las reformas que él pensaba emprender en su país, ellos estaban más tranquilos.

La respuesta, no verbal, fue una señal de gran escepticismo: el presidente francés y la canciller alemana se voltearon a ver y ambos exhibieron una sonrisa cómplice, que hizo reír a los comunicadores presentes.

El viernes 4, luego de que la UE y el FMI decidieran poner bajo su supervisión a la economía italiana, Berlusconi advirtió que no dimitiría porque sería “traicionar” a su país, mientras que su ministro de Economía y Finanzas, Guilio Tremonti, insistía en que lo hiciera para evitar el hundimiento financiero.

Otra prueba de ese juego de intereses nacionales en la gestión de la crisis europea se refiere a la creación de un impuesto a las transacciones financieras que propusieron conjuntamente los dirigentes de Francia y Alemania el pasado 17 de agosto, propuesta que el 28 de septiembre apoyó la Comisión Europea.

Según el presidente de esta última institución, José Manuel Durao Barroso, la aplicación de tal gravamen en los 27 países de la UE generaría 55 mil millones de euros anuales. No obstante, el gobierno británico se opone terminantemente a la iniciativa. La razón: teme una posible fuga de servicios financieros que afectaría la economía de su país debido a que Londres es la principal plaza europea de este sector estratégico.

El primer ministro británico, David Cameron, desechó en la reunión del G-20 la semana pasada –donde se discutió el tema– que dicha tasa “se adopte en el corto plazo” y acusó a sus promotores de “hacer campaña a favor de ésta como excusa para eludir sus compromisos”.

Ceder prerrogativas

El exprimer ministro de Bélgica y actual presidente del grupo de la Alianza de Liberales y Demócratas Europeos del Parlamento Europeo, Guy Verhofstadt, criticó el hecho de que los Estados miembros pretendan desde hace dos años solucionar la crisis de la eurozona a través de la cooperación intergubernamental.

Para él la única salida viable implica recurrir seriamente a las instituciones de la UE o a la creación de organismos crediticios autónomos, como un Fondo Monetario Europeo, que instauren un gobierno de gestión del euro.

“Incluso cuando los jefes de Estado y de gobierno toman decisiones que van en la buena dirección, como el acuerdo del 27 de octubre, éstas no son suficientes”, subrayó Verhofstadt en un comunicado el jueves 3.

Identifica algunas de las medidas que, en su opinión, resultarían realmente contundentes para combatir la inestabilidad del euro, con las que concuerdan cada vez más economistas y líderes políticos europeos. Por un lado, explica que es necesario fortalecer y hacer cumplir a cabalidad el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE, con la finalidad de reducir drásticamente los desequilibrios presupuestales que existen en la mayoría de los Estados miembros de la eurozona.

Este pacto de disciplina fiscal, que fija topes de 3% del PIB para el déficit público y de 60% en el caso de la deuda, fue adoptado desde 1997 y se aplica a todos los Estados socios de la UE, y no sólo a los de la eurozona.

Tal pacto es un componente de la unión económica y monetaria de la UE e incluye la posibilidad de imponer sanciones contra los Estados que lo incumplan, como retener fondos comunitarios –cuyos principales beneficiarios son países en crisis como España, Portugal, Italia o Grecia– o restringir los derechos de voto en las mismas instancias de decisión colectiva.

En la práctica, el incumplimiento de muchos países, incluyendo Francia, fue más o menos tolerado desde el principio. El gobierno griego incluso falseó estadísticas económicas durante años, hasta que a finales de 2009 se descubrió que su déficit respecto al PIB no era de 6%, sino de más de 13%, uno de los más altos del mundo, lo que hundió definitivamente al país en la actual crisis.

A este respecto, el pasado 28 de septiembre el Parlamento Europeo aprobó un paquete de medidas legislativas que propuso la Comisión Europea (conocido como Six Pack), el cual prevé endurecer las sanciones para los países de la eurozona que infrinjan los objetivos de déficit y deuda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento con multas de 0.2% de su PIB.

No obstante, la negociación de ese renovado sistema de sanciones duró un año, ya que los Estados miembros se negaron a aceptar sanciones automáticas por parte de la Comisión Europea. Al final, las sanciones pueden ser bloqueadas si nueve de los 17 Estados de la eurozona (mayoría simple) así lo determinan.

Votos contra crisis

Hay medidas más urgentes y eficaces que un sector importante de la prensa especializada y la academia sugieren poner en práctica. Por un lado, esta corriente de opinión favorece que los países de la zona euro emitan bonos comunes de deuda soberana, los llamados eurobonos, “que rebajarían el costo de los préstamos que se solicitaran”, remarca Verhofstadt.

Por otro lado advierten que los gobiernos de la UE deben renunciar a su derecho de veto en el funcionamiento del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera –instituido el 9 de mayo de 2010 para ofrecer ayuda financiera a los países de la eurozona en dificultades– y que además permitan intervenir en su apoyo al Banco Central Europeo.

Una vez más los intereses nacionales se han revelado incompatibles con las necesidades de la región europea.

Previo a la cumbre franco-alemana del 17 de agosto pasado en París, Merkel y Sarkozy de plano excluyeron de su agenda de trabajo cualquier discusión sobre los eurobonos. La explicación está en la política interior alemana: 93% del electorado de ese país rechaza tales bonos pues considera que su país “no debe pagar los errores” de Grecia, España o Italia y garantizar sus deudas, como lo indicó en septiembre una encuesta de la firma Borsennews.

Ésta añadió que el partido de Merkel, la Unión Demócrata Cristiana, perdería automáticamente 17% de sus votantes si aprobara los eurobonos.

Un reporte publicado el 19 de septiembre por el Centro para la Reforma Europea, un think tank británico, afirma que “varios países de la zona euro –entre ellos Alemania y Holanda– han caracterizado la crisis como una batalla entre países que cumplen con las reglas y aquellos que las rompen”.

Señala que ello “hace imposible un apoyo a la unificación de la deuda europea en esos países”. En el encuentro de París, los líderes de Francia y Alemania propusieron a los otros Estados miembros inscribir en sus constituciones, antes del verano de 2012, la obligación de instituir el equilibrio presupuestario, la llamada “regla de oro” que ya contiene la carta magna alemana.

A un año de las elecciones presidenciales de 2012, Sarkozy introdujo en su país un proyecto de ley de reforma constitucional para suscribir dicha regla, pero los socialistas franceses, que apoyan la introducción de eurobonos, la desaprueban, ya que reduciría su margen de gasto social en caso de ganar las elecciones, pues esa norma no entraría en vigor hasta 2013.

El candidato presidencial del Partido Socialista Francés, François Hollande, ha calificado la propuesta franco-alemana del 17 de agosto como una “maniobra política” personal de Sarkozy, que pretende reelegirse. El motivo: esta maniobra le permite al partido de Sarkozy, Unión por un Movimiento Popular, presentar a los socialistas, en plena campaña electoral, como “amigos del déficit”, siendo que, dice Hollande, él “es el causante absoluto del actual endeudamiento de Francia”.

En su momento, los medios alemanes y franceses se refirieron a ese encuentro entre Merkel y Sarkozy como aquel donde se habían intercambiado favores políticos para beneficio de sus respectivas aspiraciones personales.

 

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