El gobierno de las justificaciones

Posted on 29 noviembre, 2011

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BRUSELAS – Tras una reunión que el jueves 14 sostuvieron en esta ciudad con el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, representantes de organizaciones no gubernamentales europeas declararon que el gobierno mexicano no puede asegurar si los militares que violen los derechos humanos serán juzgados por tribunales civiles, como lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La sede fue la legación mexicana acreditada ante la Unión Europea (UE) y el encuentro duró una hora y media. En él participaron también la embajadora Sandra Fuentes-Berain; el subsecretario de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Felipe de Jesús Zamora, así como el responsable de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la embajada, Alejandro Sousa.

La audiencia se realizó la víspera del primer diálogo de alto nivel UE-México sobre seguridad y justicia, por lo que el tema de la restricción al fuero militar acaparó la atención de los representantes de Amnistía Internacional, la Organización Mundial contra la Tortura, la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Iniciativa de Copenhague para México, Protección Internacional y de la Fundación Konrad Adenauer de Alemania.

Fuentes consultadas por Proceso aseguran que los funcionarios mexicanos no consiguieron ponerse de acuerdo respecto al alcance de la resolución de la SCJN emitida el martes 12. Así, mientras Poiré habló de “un paso irreversible”, Zamora matizó: la implementación efectiva del fallo tiene que basarse en función de la “jurisprudencia de la Corte”.

Cuando los activistas expusieron el caso hipotético de una violación sexual en la que estuviera implicado un militar y preguntaron bajo cuál fuero sería enjuiciado, la embajadora Fuentes-Berain dijo que sería juzgado en un tribunal civil. No obstante, los activistas entrevistados aseguran que las respuestas de los empleados de la legación mexicana no fueron claras.

La versión oficial y los reclamos

El viernes 8, el gobierno mexicano invitó a las ONG defensoras de los derechos humanos en México a un “encuentro” con Poiré, aunque no precisó el motivo. Es la primera ocasión que el gobierno de Calderón envía a un funcionario de ese nivel a platicar con activistas en esta ciudad.

Durante su exposición, Poiré minimizó la dimensión de la violencia en el país y presumió los supuestos logros del gobierno calderonista contra el narcotráfico, aunque omitió hablar sobre el incremento de las violaciones a las garantías individuales.

Los activistas aseguran que el funcionario les entregó al principio un documento oficial de 28 páginas titulado La lucha de México por la seguridad. Estrategia y principales logros, dividido en cuatro partes: antecedentes y contexto; estrategia nacional de seguridad pública; principales logros de la estrategia de seguridad pública, y conclusiones.

El escrito enumera los principales logros de la administración calderonista, entre ellos la implementación de una estrategia de seguridad integral; una serie de avances legislativos, como las reformas a la Constitución en materia de derechos humanos y a la Ley de Amparo, y modificaciones al sistema de seguridad nacional, al de la policía federal y al de los fiscales generales.

Además, incluye un apartado con las fotos de los criminales más buscados por la Procuraduría General de la República, con datos erróneos. En la galería de criminales, por ejemplo, se dice que Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca; Luis Fernando Sánchez Arellano, El Ingeniero, y Mario Ismael Zambada García, El Mayo, ya fueron capturados.

No obstante, en ninguna parte se hace referencia a las víctimas de la guerra contra el narcotráfico, menos aún a las violaciones a los derechos humanos de la población civil.

Por el contrario, en las conclusiones sólo hay justificaciones: “Desde el principio de la administración (de Felipe Calderón) la violencia relacionada a las organizaciones criminales ya era un hecho”; “la presencia de las fuerzas federales (a lo largo del país) no genera violencia”; “la fuerza de la corrupción, el miedo y los intereses malsanos se habían acumulado, estallado, y era imposible no reaccionar”.

Y más: “La presencia del Ejército en las regiones más complicadas es complementaria y temporal”; el gobierno “está atacando las fuentes económicas del crimen, así como reduciendo sus beneficios”…

En el anexo “Contextualizando la violencia” se incluyen gráficas comparativas. En una se asevera: “La violencia en México es un fenómeno focalizado (ya que)… durante 2010, siete de cada 10 homicidios se registraron en siete de los 32 estados federativos”. La mitad de esos asesinatos se cometieron sólo en tres estados: Chihuahua, Sinaloa y Tamaulipas.

El documento subestima aún más el nivel de la violencia al exponer que “70% de los homicidios en 2010 fueron cometidos en 73 municipios”. Se incluye un mapa de la República Mexicana en el cual esos municipios aparecen coloreados de verde y son minúsculos en comparación con el territorio nacional.

La última página contiene un comparativo de los casos de inseguridad en Tijuana y Ciudad Juárez, donde las autoridades presumen que hubo un descenso de la violencia: “En 2008, en Tijuana, durante el periodo pico de la violencia, había siete muertos diarios en promedio relacionados con las rivalidades criminales. Dos años después, en el mismo periodo, hay un promedio de un muerto por día.

“En Ciudad Juárez, en octubre de 2010 la violencia dejó 10 muertos diarios vinculados a la rivalidad criminal. Casi al final de 2010, el promedio diario fue de menos de cinco muertes.”

Durante el encuentro, los activistas plantearon la necesidad de que las autoridades mexicanas fueran más democráticas e incluyeran a la sociedad civil en sus decisiones. Mencionaron también que en el contexto de guerra contra el narcotráfico era muy importante diseñar “una estrategia de seguridad” que a su vez proteja los derechos humanos.

También expusieron que aplicar una política de seguridad a ultranza, como lo está haciendo Calderón, debe incluir “una mayor promoción del respeto a los derechos humanos”; algunos enfatizaron que la lucha contra la impunidad debe ser uno de los “ejes principales de la política de seguridad interna”.

(Artículo publicado en la edición del 17 de Julio de 2011 de la revista PROCESO)

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