El cabildeo de los “negacionistas”

Posted on 28 noviembre, 2011

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Las principales empresas estadunidenses y europeas que emiten gases de efecto invernadero han desembolsado millones de dólares para apoyar a candidatos al Congreso de Estados Unidos, quienes ya como legisladores frenan cualquier iniciativa que obligue a su país a reducir las emisiones de contaminantes. Así, ha quedado fuera de la agenda del Capitolio la aprobación de la Ley sobre Energía Limpia y Seguridad, así como la ratificación del Protocolo de Kioto.

(Artículo publicado en la edición del 4 de Diciembre de 2010 en la revista PROCESO)

BRUSELAS.- Preocupadas ante todo por defender sus intereses comerciales, poderosas empresas trasnacionales de Estados Unidos y Europa financian a legisladores estadunidenses, en especial del Partido Republicano, para que continúen oponiéndose a la aprobación de medidas domésticas e internacionales contra el cambio climático.

La victoria republicana en las elecciones intermedias del 2 de noviembre pasado –que le dio la mayoría en la Cámara de Representantes–, frenerá la posibilidad de que Estados Unidos avance en un acuerdo internacional para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) causantes del calentamiento global.

El Center for American Progress Action Fund, un think tank independiente con sede en Washington, afirma en un análisis que “ninguno de los senadores republicanos electos el 2 de noviembre último apoya las acciones de orden legislativo contra el cambio climático” porque no creen en él o anteponen un supuesto interés económico de la nación.

El organismo señala que el senador Mike Castle era el único republicano consciente de los efectos desastrosos del cambio climático. Sin embargo, no pudo presentarse a la reelección porque perdió la candidatura de su partido en el estado de Delaware frente a su contrincante Christine O’Donnell, quien niega la existencia del calentamiento global.

“Los republicanos no van a dejar que haya cambios en la posición estadunidense”, confirma John Larson a Proceso. Larson es especialista en las políticas gubernamentales sobre cambio climático y energía en el World Resources Institute, un centro de investigación independiente con sede en Washington que aboga por políticas para la mitigación del calentamiento global.

El analista advierte que incluso Estados Unidos “podría dar un paso atrás en caso de que los republicanos, junto con los demócratas más conservadores, logren posponer o invalidar el derecho de las autoridades de la Agencia de Protección del Medio Ambiente del gobierno federal para regular las emisiones” de GEI en el país.

Esa competencia, precisa, la establece la Ley sobre Energía Limpia y Seguridad aprobada por la Cámara de Representantes el 26 de junio de 2009, pero aún no por el Senado. Resalta que ese será el campo de batalla en materia de cambio climático en Estados Unidos y duda que sea suficiente el liderazgo demócrata para obtener la ley que quiere el presidente Barack Obama.

El 25 de noviembre de 2009 –en vísperas de la Cumbre de Copenhague sobre Cambio Climático– Obama anunció que su país tenía la intención de reducir 17% las emisiones de dióxido de carbono (CO2) para 2020 en relación con los niveles de 2005 (3.5% respecto de los registros de 1990). Con ese objetivo propuso una ley que establece un sistema nacional de fijación de límites máximos e intercambio de derechos de CO2, similar al que ya aplica la Unión Europea (UE).

Esa medida obligaría a las empresas estadunidenses a establecer un tope en la cantidad de emisiones de GEI que producen. Las trasnacionales afectadas se movilizaron para neutralizar propuestas de esta índole.

El Center for Public Integrity (CPI), una organización civil estadunidense, divulgó el año pasado una investigación periodística en la cual demuestra que entre 2003 y 2008 hubo una “explosión” del cabildeo dirigido a influir en las posturas de Washington respecto al cambio climático (Proceso 1727).

En 2003, 105 empresas se interesaban en el lobby climático en el Senado. En 2008, “más de 770 compañías y grupos de interés empleaban a 2 mil 340 cabilderos en ese terreno”, y ese año el costo del cabildeo ascendió a 90 millones de dólares, indica el CPI.

Firmas como la automotriz Ford, la petrolera British Petroleum (BP), el conglomerado de productos químicos 3M o la compañía de electricidad Duke Energy figuraron entre los clientes de la una de las mayores agencias de cabildeo, Alpine Group, fundada por el excongresista republicano Richard White.

La misma investigación destaca a la agencia de lobby Ogilvy Government Relations que es contratada por las principales petroleras y los corporativos de químicos del país, que igualmente forman parte del American Petroleum Institute y del American Chemistry Institute.

La red Koch

Un reporte elaborado por la oficina en Estados Unidos de la organización ecologista Greenpeace ubica al corporativo Koch Industries como “uno de los financiadores esenciales del negacionismo climático y de las corrientes de oposición a las energías renovables”.

Ese conglomerado industrial cuenta con negocios en el sector petrolero y sus ventas anuales alcanzan los 100 mil millones de dólares. Lo integran más de 20 compañías que emplean a 70 mil personas en 60 países, incluido México. Sus propietarios, Charles y David Koch, ocuparon en 2009 el decimonoveno puesto en la lista de los hombres más ricos del mundo que publica la revista Forbes, con fortunas de 14 mil y 16 mil millones de dólares, respectivamente.

El análisis de Greenpeace expone que, entre 2006 y 2009, Koch Industries gastó 37 millones 900 mil dólares en actividades de cabildeo y presión política en las instancias legislativas de Estados Unidos. Durante el mismo periodo ese monto sólo fue superado por las petroleras estadunidenses ExxonMobil (87 millones 800 mil dólares) y Chevron Corporation (50 millones de dólares).

El reporte apunta que el vicepresidente ejecutivo del Departamento de Excelencia de Koch Industries, James Mahoney, es también vicepresidente de la Asociación Nacional de Petroquímica y Refinerías de Estados Unidos, cuyo presupuesto en materia de “cabildeo federal directo” aumentó de 810 mil dólares en 2008 a 1 millón 680 mil dólares en 2009.

Además, indica que desde 2006 el Comité de Acción Política de Koch Industries mediante el cual ejecutivos y socios de esa empresa pueden depositar directamente sus aportaciones para candidatos, comités y gastos de campaña, ha distribuido fondos por una suma de 5 millones 738 mil dólares.

El informe detalla que “desde el comienzo de ciclo de las elecciones estadunidenses de 2006, el Comité de Acción Política (PAC, por sus siglas en inglés) de Koch Industries ha gastado más en contribuciones a candidatos federales que ningún otro PAC del sector del gas y del petróleo”: 3 millones 550 mil dólares.

Los candidatos republicanos absorbieron 86% de tales aportaciones en el periodo electoral de 2006, y 88% en el de 2008.

Entre los beneficiados, según el reporte de Greenpeace, se encuentran los representantes republicanos que han recibido más de 20 mil dólares de donaciones desde 2006 por parte del PAC de Koch Industries: Eric Cantor, Joe Barton, Marsha Blackburn, John Kline y Geoff Davis. También fue favorecido con 25 mil dólares el líder de los republicanos en la Cámara de Representantes, Joe Boehner.

En la misma situación se encuentran los siguientes senadores republicanos a quienes la firma estadunidense depositó mayores sumas: James Demint, Lisa Murkowski, Richard Burr, Saxby Chambliss, Tom Coburn, Pat Roberts, John Thune, James Inhofe, David Vitter, John Cornyn y Richard Shelby. Todos ellos ocupan una curul en la actual legislatura y esgrimen posiciones hostiles al combate contra el cambio climático.

Los senadores Roberts, Vitter, Burr, Inhofe, Coburn y Thune recibieron en conjunto durante sus campañas electorales de este año 100 mil dólares en contribuciones del PAC de Koch Industries. Ellos, como la mayoría de los republicanos de la Cámara de Representantes, son partidarios de la campaña “No al impuesto climático” (en alusión al proyecto de ley demócrata sobre energía limpia y seguridad) impulsada por la fundación Americans for Prosperity, un organismo civil financiado con 5 millones 176 mil 500 dólares por Koch.

El análisis de Greenpeace afirma que, entre 1997 y 2008 esta empresa gastó en total 48 millones 500 mil dólares en subvenciones para 39 think tanks, entre otros la Fundación Heritage, el Instituto Cato o el American Entreprise Institute. Todos ellos rechazan la validez de los estudios científicos en los cuales se demuestra que el calentamiento global es causado por las actividades del ser humano, tal como indican los informes del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas.

“Lobby” europeo

Una investigación de la organización no gubernamental Climate Action Network Europe (CAN-E) –publicada el pasado 25 de octubre– reveló que al menos ocho empresas trasnacionales europeas financiaron las campañas electorales de varios candidatos republicanos al Senado.

La compañía alemana de químicos BASF destinó 61 mil 500 dólares; la cementera francesa Lafarge, 34 mil 500 dólares; la petrolera británica BP, 25 mil dólares, y la farmacéutica y fabricante de plásticos belga Solvay, 40 mil dólares.

También la empresa francesa de electricidad y distribución de gas GDF/Suez destinó 21 mil dólares a las campañas; la compañía alemana de electricidad E.ON, 6 mil dólares, y la acerera con sede en Luxemburgo Arcelor-Mittal, 10 mil dólares. La mayor aportación la realizó la firma alemana de medicamentos y químicos Bayer con 108 mil 100 dólares.

A excepción de E.ON, todas estas compañías mantienen operaciones en México.

Ese conjunto de trasnacionales europeas produce entre 5% y 10% de las emisiones de GEI del Esquema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea (UE), que limita los niveles de contaminación de 10 mil instalaciones y plantas industriales de esa región.

El reporte de CAN-E expone que “esos ocho grandes emisores europeos de GEI” gastaron en total 306 mil 100 dólares en las votaciones intermedias para el Senado estadunidense. De ese monto, 107 mil 200 dólares lo recibieron candidatos republicanos “negacionistas” del cambio climático, y otros 240 mil 200 dólares aquellos que rechazan aprobar una ley que reduzca los GEI.

Esta suma, consigna el documento, “es mayor al mismo tipo de gasto que efectuó en 2010 Koch Industries, la más notable organización estadunidense negacionista del cambio climático y fundadora del movimiento ultraconservador Tea Party, que desembolsó 217 mil dólares”.

Los candidatos republicanos financiados por Koch Industries son prácticamente los mismos a los que apoyaron las citadas empresas europeas.

Sin embargo, el informe aclara que “también es evidente que las compañías europeas respaldaron a demócratas clave, como Blanche Lincoln, que podrían evitar que una mayoría apruebe metas de reducción de GEI obligatorias y un sistema de fijación de límites máximos e intercambio de derechos de emisiones”.

Las compañías europeas financiaron también de manera estratégica a la representante del Partido Republicano Lisa Murkowski. El documento enfatiza que “ella es el cerebro detrás de la Resolución SJ26, que podría desvanecer la posibilidad de que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos regule las emisiones de GEI”.

“Esa resolución –plantea el reporte– no le permite a la administración del presidente Obama impulsar un sistema de fijación de límites máximos e intercambio de derechos de emisión de CO2 .”

En su análisis, CAN-E señala que las mencionadas compañías europeas trabajan para que la UE no tome más medidas contra el cambio climático. Éstas argumentan que la región no debe comprometerse con una nueva meta de reducción de sus emisiones de CO2 a 30% para 2020, “si antes Estados Unidos no hace un esfuerzo significativo al respecto”.

“Pero esas mismas empresas –indica la ONG– están financiando a actores claves de la arena política estadunidense responsables de ese inmovilismo. Se trata de un sabotaje a escala global en contra de la lucha para reducir el calentamiento planetario, ya que la inacción de Estados Unidos es una de las principales razones del fracaso en Copenhague para acordar un tratado ambicioso” de reducción de GEI.

No obstante, en sus páginas de internet, Lafarge “confirma su compromiso contra el cambio climático”, y BASF reconoce que el anterior “es uno de los mayores desafíos que encara la sociedad”, por lo que “industrias, científicos, políticos y ciudadanos necesitan frenar el incremento de GEI y hacer más eficiente el uso de los recursos disponibles”.

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